Por María Laura Beherán
En el día que el Fondo Monetario Internacional llegó a la Argentina para realizar su auditoría de rutina, la Justicia habilita los allanamientos en el edificio de la Calle Juncal, donde tiene domicilio la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Capital Federal, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que se desprende de la “escandalosa” causa de los cuadernos.
Mientras tanto, la mega causa por corrupción se expande y todos los días aparecen nuevos ex funcionarios y empresarios a declarar, algunos que estaban prófugos y otros con nuevas citaciones, pues el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner declaró como arrepentido y tiró nombres a diestra y siniestra.
Al mismo tiempo desde el ejecutivo, aunque las principales empresas constructoras del país están bajo la lupa y sus CEOs pasaron o pueden pasar por Comodoro Py, tratan de conformar a los gremios insistiendo en que la obra pública no está en riesgo y que continuarán las obras tal como estaban previstas.
De comprobarse los hechos narrados en los ocho cuadernos, acerca de las coimas que los empresarios, (cercanos al kirchnerismo y también a Cambiemos) retornaban al gobierno a cambio de la adjudicación de obras, sumada a otras causas conexas que surgen de la investigación, estamos hablando de un mecanismo que tiene un alcance de unos 36.000 millones de dólares, algo así como el 6% de nuestro PBI.
De ahí la necesidad de esclarecer de una vez, la responsabilidad de los involucrados, incluída la ex presidenta y por qué no, “el presidente Mauricio Macri y su ladero, Daniel Angelici”, ambos sugeridos (en uno de los escritos que presentó en la Justicia la misma Cristina) para que declaren por IECSA y otras empresas del grupo.
Que se investigue. De todos modos el árbol no tapa al bosque: hoy en plena embestida judicial, el dólar trepó a $30,50 y las previsiones de inflación ya anticipan una cifra superior al 35%, lo que significa una devaluación aún mayor, un nuevo traslado a precios y una recesión que empantana cada vez más a las PyMes y al comercio local. Ni hablar al bolsillo de los trabajadores.
Como consecuencia de ello, suspensiones y despidos están a la orden del día en las automotrices, fabricaciones militares, electrodomésticos, mercados, minimercados y organismos estatales centralizados y descentralizados. Motivo por el cual, el gobierno accede al pedido y vuelve a sentarse con la CGT para reconformar las mesas de trabajo por sectores en busca de soluciones que se han vuelto urgentes.
De no haber una resolución rápida y eficaz, la foto se transformará en película y no haremos más que sumar preocupación, e incrementar la cifra de desocupación, de pobres y de 1,5 millones de posibles nuevos pobres que según la Universidad Católica Argentina no están en condiciones de sortear los avatares de esta economía en quiebra.
Esa misma foto, tal vez agravada si no se puede frenar la “bomba” el día de vencimiento de Lebacs, es la que evaluará el Fondo Monetario Internacional porque sus enviados traen ese mandato. El nuevo documento que elaboren será una caja de sorpresas respecto a qué sugerencias le darán al gobierno frente a este escenario donde no hay un sólo frente cubierto.
