Debido al descontento de distintos sectores empresariales y gremiales, el proyecto de ley que regula el teletrabajo, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, podría sufrir modificaciones por el propio oficialismo cuando se trate en el Senado. También existen ciertas objeciones de abogados laboralistas y «matices» por discutir para el sindicalismo.
Desde el sector privado hay convencimiento de que la iniciativa no solo no va a regular el empleo a distancia sino que lo restringirá, al elevar costos, con normas que consideran «rígidas». Estos cuestionamientos se suman a las críticas que mantienen ciertas ramas gremiales y abogados laboralistas ante la posible «pérdida de derechos» que pueden sufrir los trabajadores si la normativa queda sancionada.
Por eso, se espera un acalorado debate del proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, en donde habrá exposiciones de dirigentes sindicales y empresarios sobre la ley. Desde el Frente de Todos intentarán llegar con una postura «sólida» y unificada, ya que hoy existen matices entre un sector del espacio gobernante que está decidido a contemplar la mirada ejecutiva, en eso coinciden el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el titular de diputados, Sergio Massa, y el kirchnerismo, que intentará alinear el texto con la Ley de Contrato de Trabajo.
De acuerdo a lo que trascendió por parte de fuentes oficiales, por lo pronto existirían cambios en el artículo 8 que establece la reversibilidad, es decir, la posibilidad que permite al teletrabajador pasar a ser un empleado presencial en cualquier momento de la relación. Un punto que preocupa, y mucho, al empresario, hoy más ocupado en achicar gastos y metros cuadrados en medio de una crisis cada vez más aguda.
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El artículo mencionado determina, en caso de que el teletrabajador quiera pasar a modalidad presencial, que «el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas». En caso de que eso no suceda, la norma indica que el empleado podría considerarse despedido.
Según la Red de Abogados de Empresa de IDEA, este aspecto obligaría a las compañías a «tener una cantidad de escritorios vacíos preparados para esta situación». Mientras que los letrados especializados en derecho laboral creen que con el artículo 8 se violan los artículos 64 y 64 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que le otorgan al empleador la facultad de organización y dirección de la empresa.
Vale destacar que distintas cámaras y asociaciones, incluida la UIA, ya han solicitado también al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, su intervención directa en la cuestión y con la premura que requiere la situación, desde su cartera trascendió que se reunirán el martes próximo, sólo a dos días previos a la sesión.
Héctor Daer, uno de los secretarios de la CGT, en el momento del tratamiento ya había anticipado que en la central obrera hacían “una mirada correcta” sobre la ley, pero advirtió que “quedan matices” por definir.
