Después de que el Gobierno nacional confirmara la decisión de no prorrogar el congelamiento de los alquileres que se había extendido hasta fines de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi aclaró que se analizan mecanismos para ayudar a las familias más vulnerables y que no se habilitarán desalojos sin pasar por instancias de mediación.
“No hay ninguna posibilidad de que haya desalojo sin que se pase por una mediación en el Ministerio de Justicia y el Banco Central regulará los aumentos”, explicó el funcionario. Y recordó que la nueva ley de alquileres ya se encuentra reglamentada, por lo que ya el decreto de congelamiento “va a dejar de tener sentido”. Al respecto, también enfatizó la importancia de la decisión oficial de que los contratos de locación deban estar inscriptos en la AFIP, otra decisión que el oficialismo puso en vigencia en los últimos días.
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“Se sale del congelamiento y va a haber toda una política nueva”, aseguró Ferraresi, anticipando que a partir de abril se podrá “ver el resultado de esta situación y tener datos reales de quiénes están en posibilidades de desalojo”. Y agregó: “Vamos a tener datos concretos de las familias vulnerables y aplicaremos distintas políticas”.
En el mismo sentido, el secretario de Desarrollo Territorial Luciano Scatolini, enfatizó que “este Gobierno ha sido parte de la decisión de que la Argentina tenga una nueva Ley de Alquileres que genera una serie de cuestiones de protección para la parte más débil que es el inquilino”. “Se tomaron decisiones en un contexto extraordinario como la pandemia, el congelamiento de alquileres nos pareció que era la forma se proteger al sector más débil en el contrato pero se van recuperando mayores niveles de normalidad”, añadió.
Después de remarcar que la entrada en vigencia de la nueva Ley de Alquileres establece criterios de ayuda para los inquilinos que “si hay dificultades, tendrán la posibilidad de mediaciones en el Ministerio de Justicia, la registración de los contratos y la convergencia para pagar”, concluyó: “Nosotros somos un Gobierno sensible, que no nos da lo mismo que una familia quede en la calle, la decisión es acompañar los procesos de mediación”.
