El sindicato de maquinistas se pronunció con firmeza en cuanto a la negativa de hacer un mayor aporte de los trabajadores a las obras sociales, exepto que esos fondos queden bajo el manejo de las organizaciones gremiales con efectiva participación obrera en ámbito de decisiones.
El aumento planteado desde la CGT que consiste en el aumento de un 1% que también se prevé para empleadores para contribuir a las desfinanciadas arcas de las obras sociales que no dan abasto con sus prestaciones y que padecen, producto de la pandemia, una baja en la recaudación.
El secretario general del gremio, Omar Maturano, también integrante del consejo directivo de Azopardo y la cúpula de la CATT ya había anticipado su postura en contrario en encuentros previos con sus pares cegetistas.
“Buscan tratar de dar oxígeno a un sistema exhausto por aumento de prestaciones: sin correlato presupuestario; con baja de las recaudaciones por deterioro creciente del trabajo digno; y la asignación arbitraria de fondos se propone aumentar el aporte de los trabajadores”, objetó Maturano refiriéndose al tema.
Entre sus argumentos los maquinistas agregaron también que “por un lado se retuvieron aportes de trabajadores y se incorporaron prestaciones obligatorias como tratamientos, prestaciones, medicamento y más “sin especificar el origen de los fondos asignados para cubrir el aumento del gasto”, pero fue más allá en sus críticas y remarcó que “los trabajadores argentinos aportamos y solventamos estructuras gubernamentales y nos niegan la representación para ejercer y defender nuestros derechos, lo que dista mucho de la democracia participativa que se pregona”, reseñó el comunicado de los maquinistas.
En cuanto a los aportes de los trabajadores a beneficios sociales que le son propios también recordaron la ley 19032 por la cual se sostiene al PAMI desde el aporte de salarios. “Se nos niega representación pese a los aportes económicos que sostienen la institución, con el agravante de la falta de solidaridad, ya que por ejemplo de los $ 4.500 que el PAMI recauda por trabajador, sólo se transfieren mucho menos de $1.000 para cubrir sanitariamente a nuestros abuelos”, enfatizaron.
El sindicato hizo hincapié en que las autoridades de todos los organismos relativos a trabajadores y sus beneficios sociales son designadas por el Poder Ejecutivo de turno, -disparó refiriéndose por ejemplo a la Superintendencia de Servicios de Salud, e “ignorando la representación obrera que los financia”, lo que consideró un “desprecio” por la participación social de la que tanto se habla.
