Durante la tarde de este miércoles el Presidente Alberto Fernández, acompañado por numerosos funcionarios nacionales y provinciales, presentó en Casa Rosada el proyecto de reforma judicial (proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal) que apunta a reorganizar sobre todo la Justicia Federal, ampliando el número de juzgados en todo el país.
En su discurso, Fernández remarcó que “la vigencia del derecho reclama como indispensable que el sistema judicial se apegue a las normas y se abstraiga de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia”. En este sentido, insistió en que si bien los magistrados tienen que ser “personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”, con los años “hemos visto cómo el influjo del poder político, y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces”.
En este sentido, recorrió distintos momentos de la historia argentina desde el golpe militar contra el presidente Hipólito Yrigoyen hasta el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional y el retorno de la democracia en 1983, que “dio inicio a un tiempo de restablecimiento de las instituciones”, valorando la designación de jueces de la Corte Suprema Realizada por el presidente Raúl Alfonsín. Ya en la década del 90, se constató un nuevo avance “cuando el Congreso de la Nación instituyó, por primera vez en el orden federal, el sistema de juicios orales en materia penal”. Pero la ampliación de entonces de los miembros de la Corte Suprema habilitó una “mayoría automática” al servicio del menemismo, condiciones que se prolongaron hasta 2003, cuando con la presidencia de Néstor Kirchner el juicio y las renuncias de algunos integrantes del Máximo Tribunal permitió su reconstrucción y la nueva reducción de 9 a 5 integrantes.
Fernández también valoró que durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner también se adoptaron “decisiones que permitieron modernizar el funcionamiento judicial”, cristalizadas en la sanción de un nuevo Código Procesal Penal Federal y de un “plexo de leyes que dieron a los Tribunales Federales y Nacionales, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa una mejor conformación acorde con los estándares que fija la ley suprema”. Sin embargo, durante el macrismo, se multiplicaron “medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho” hasta perder la “transparencia judicial”, con maniobras que incluyeron un nuevo y polémico rol de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
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“En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”, denunció Fernández.
Para comenzar a corregir estos desvíos, ya como presidente, Fernández ordenó la intervención de la AFI y ahora presenta el proyecto de reforma judicial, que apunta a “tener un mejor Estado de Derecho”. “Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, detalló.
En particular, el proyecto apunta a “organizar mejor la Justicia Federal” y a “superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal”. La propuesta incluye la creación de una Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico”. Al respecto, Fernández explicó que “cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero”. La ampliación del número de juzgados responde a la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda derivada de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal. El objetivo sería superar la concentración del poder decisorio en un reducido número de jueces que “tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”.
El proyecto apunta a que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes, para lo que se prevé un sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación”. Los actuales 12 juzgados de Comodoro Py se convertirán en 24 y los 11 del fueron Penal económico pasarán 22, para totalizar 46 juzgado del nuevo megafuero federal
También se prevé la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías. Además, se transferiría a la Ciudad la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, cumpliendo la manda constitucional de 1994. El proyecto de ley también propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la del Contencioso Administrativo, superando los conflictos de competencia que atentan contra la celeridad y eficiencia judicial. También se apunta al “fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país”. En este sentido, se anticipa la recuperación del programa “Justicia 2020”, que apunta a la creación de juzgados federales, “poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia evitando con ello el establecimiento de competencias múltiples”.
El proyecto finalmente propone reglas de actuación que deberán respetar los jueces federales, incluyendo la obligación de “Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados; evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes; garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario; ejercer sus funciones libres de interferencias; comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo; evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias; y evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar”. Además, Fernández confirmó la creación de un Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
