Uno de los temas que más le preocupan a Alberto Fernández es la falta de acceso al trabajo que padecen miles de argentinos y analiza, en sus primeros días de gestión, declarar la emergencia ocupacional, una medida que permitiría dar condiciones flexibles a la hora de contratar personal y ventajas impositivas para aquellos empresarios dispuestos a crear fuentes de trabajo.
El hombre a cargo de la iniciativa será Carlos Moroni, el futuro ministro de Trabajo, que ya inició contactos con la CGT, y que tiene amplia experiencia en el Estado ya que fue superintendente de Seguros, síndico general de la Nación, titular de la AFIP y director de la ANSES.
También, desde el Frente de Todos no se deja de lados a las pymes. Por eso, se analiza la creación de un fondo de compensación indemnizatoria para aliviar sus arcas, además de otorgar exenciones impositivas que se comprometan a no efectuar despidos durante la vigencia de la emergencia ocupacional.
La Corriente Federal defiende el Pacto Social, diferenciando posibilidades y responsabilidades
Pensando en algunas cámaras empresariales, quienes en algún momento reclamaron una reforma laboral, algo descartado, Fernández alentaría la renovación de los convenios colectivos de trabajo como el que se aplicó en el yacimiento petrolero Vaca Muerta. Considerando, dicen fuentes de la fuerza gobernante, las nuevas tecnologías para la capacitación laboral, que tenga como finalidad generar empleos.
En este contexto, desde la UIA, que ya mostraron su beneplácito para encarar el pacto social que promueve el mandatario electo, expresaron que es urgente poner en marcha “un contrato de emergencia laboral para que las pequeñas empresas puedan contratar sin pagar cargas sociales por dos a tres años, sin indemnizaciones y reforzando el seguro de desempleo”.
