El Presidente Alberto Fernández decidió este lunes por la noche, tras una reunión en la Quinta de Olivos, que se revisen los mecanismos de contratación estatales que habilitaron las polémicas compras de alimentos por encima de los precios testigo que realizó el Ministerio de Desarrollo. Ahora se definió que el tope para cualquier compra serán los precios máximos definidos por la Sindicatura General (Sigen). De acuerdo a esta resolución, incluso se revisarán las licitaciones aún no ejecutadas que no cumplan con este criterio.
Tras el escándalo por la compra de alimentos a precios que hasta duplicaban los precios de referencia de Precios Cuidados, lo que generó un fuerte enojo en el Poder Ejecutivo por el hecho de que la denuncia se realizara primero en la esfera mediática, el ministro Daniel Arroyo explicó que no se trató de un caso de corrupción sino que ante el incremento de la demanda de alimentos las empresas proveedoras tenían otros lugares donde colocar sus productos y se le “plantaron” al Estado. Luego añadió que ante la disyuntiva de pagar con sobreprecios o desabastecer las iniciativas sociales, su cartera decidió aprobar las compras para garantizar la provisión de productos esenciales a los comedores populares en el marco de la pandemia.
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Luego de estas explicaciones, el Presidente lo citó a Olivos para tener una reunión junto con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Al fin de ese encuentro, el presidente confirmó que Arroyo había iniciado una investigación interna su cartera para detectar algún posible hecho de corrupción y anticipó: “Si hubo un acto ilícito voy a ser el primero en perseguirlo”.
Por otro lado, Fernández advirtió que no tolerará la “cartelización” de algunos proveedores del Estado y cuestionó a los “bolseros”, proveedores de alimentos de larga relación con el Estado, que en esta coyuntura buscan sacar provecho de la necesidad social. “No podemos permitir que se abuse de la gente”, manifestó. Luego aclaró que estas licitaciones todavía no se pagaron, por lo que “serán revisadas”. Incluso se abriría la posibilidad de derivas judiciales si las empresas que firmaron los contratos no aceptan los nuevos precios máximos.
El Presidente también confirmó la creación de un nuevo mecanismo para todo tipo de adquisiciones posteriores que deberán respetar los precios máximos establecidos por la Sigen. Esta decisión es particularmente relevante, sobre todo considerando los volúmenes de compra que realiza el Estado para abastecer los distintos espacios de ayuda social, aunque en esta ocasión el ministro Arroyo aclaró que no se le pudo comprar toda la partida requerida a un sólo proveedor, porque ya tenían parte de sus productos colocados en el sector privado, y hubo que fragmentar la compra en distintas marcas, lo que también debilitó el poder de fijación de precios estatal. “No puede ser que alguien se le plante al estado en esta situación, no lo voy a permitir”, concluyó Fernández.
