El pasado jueves el flamante equipo económico iba a dar a conocer el presupuesto 2020 y, con él, las metas macroeconómicas proyectadas para el año próximo (inflación, crecimiento, tipo de cambio), las prioridades en el gasto y las pautas del nuevo perfil de deuda pero decidió dar marcha atrás y anunció que prorrogará la ley de presupuesto hoy vigente.
«Hemos tenido muchas dificultades para hacer un presupuesto seriamente en tan poco tiempo, con lo cual vamos a tratar de prorrogar el presupuesto que existe y en abril o mayo poder mandar el presupuesto para el año que viene», justificó Fernández.
Así el presidente electo cuestionó con dureza el proyecto de ley 2020 que presentó el gobierno de Mauricio Macri en setiembre pasado y descartó su tratamiento “apresurado” en el Congreso, pues considera que los números que ha manejado el gobierno saliente “no tienen ninguna lógica, hablan de una economía creciente, de una inflación acotada y no tiene nada de serio” afirmó a horas de asumir y lo definió como “una improvisación de alguien que se va y dibuja un cuadro antes de irse”.
El proyecto de ley enviado por el ministro de Hacienda Hernán Lacunza prevé para el ejercicio 2020 un crecimiento de la economía del 1%, un tipo de cambio de 67 pesos por dólar y una inflación interanual del 34,2%.
Frente a esta situación, Fernández y su gabinete económico decidieron dar marcha atrás y se prorrogará, sin más, el presupuesto del presente ejercicio, facultad que está contemplada en el artículo 27 de la ley de administración financiera. Dicho artículo establece que, una vez operada la prórroga, el Poder Ejecutivo deberá introducir, por medio de un decreto, los ajustes respectivos en materia de ingresos y de gastos tanto en la administración central como en los organismos descentralizados.
Esto significa que el gobierno de Fernández podrá, sobre la base de la ley actual, efectuar por decreto las modificaciones y los ajustes que considere prioritarios para adecuarlos a las necesidades de su administración. Si bien el presidente electo prometió enviar una nueva ley en abril o mayo del año próximo, lo cierto es que la actual legislación le suministra distintas herramientas (decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas) para reasignar partidas presupuestarias sin necesidad de un aval previo del Congreso.
