La Secretaría de Integración Social Urbana que dependía del Ministerio de Vivienda y Hábitat que conduce María Eugenia Bielsa, pasó repentinamente al Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo y los rumores políticos estuvieron a la orden del día respecto a las razones políticas del caso.
Al respecto hablamos con una de las protagonistas del caso: Fernanda Miño, la titular de la secretaría en cuestión, que se “mudará” junto con los fondos a la cartera de Arroyo para impulsar una “rápida” ejecución en la búsqueda de soluciones para un tema que “no da para más”, y es la posibilidad de alcanzar una vida “digna” en miles de barrios populares, hoy sitiados por la pobreza, el Covid, la falta de trabajo y de vivienda, cuestión que en muchos casos termina con tomas de tierras multititudinarias y complejas.
La “premura”, según aseguró Miño en Estado de Alerta fue la “única razón” del redireccionamiento de fondos y explicó que “mi rol sigue siendo el mismo, el de estar al frente de una secretaría para la integración de los más de 4.400 barrios de toda la Argentina enmarcados en el RENABAP”. Premura que implica según dijo un “cambio de metodología», por la urgencia que conlleva la situación actual de pandemia.
La toma Guernica pareció ser el desencadenante de ésta decisión de Alberto Fernández que por una resolución publicada este lunes dio el giro con el que piensan se pueden iniciar “obras tempranas en los barrios”, aunque especificó que las tomas, no son temas que nosotros abordamos específicamente desde esa secretaría, pero sí estamos hablando continuamente, teniendo reuniones para tratar y ver cómo solucionar el tema”, agregó.
En ésta situación de abordaje urgente opinó que “todos somos parte en la posibilidad de una resolución, pero es complejo, todas las ocupaciones lo son”, aseguró Miño que vive en el barrio la Cava, que “en su momento fue una ocupación” y que según dijo se debe “a vidas de familias desesperadas», cuestiones que hay que abordar «desde distintos ámbitos y que se trata de demonizar porque se conoce poco de su realidad”.
Miño reconoció que no sólo mantienen vínculos “a través de las organizaciones sino también a través de la Iglesia”, lo que la mostró optimista de que el final será una resolución pacífica, aunque “la fecha del desalojo es muy pronto y la gente está muy enojada”, advirtió la funcionaria que proviene de la organización social que conduce Juan Grabois.
“Lo que haremos más que nunca es llevar la política pública a los barrios populares para la integración, el acceso a los servicios como piso de dignidad”, dijo confiada en que hay un gran consenso de todo el arco político para llevarlo adelante porque «hay situaciones que no dan para más”.
“No se puede privar a una familia de tener esta oportunidad” expresó refiriéndose al plan “de lotes con servicios» que estan planteando y para los que se destinarán sumas millonarias a las que se espera sumar el 15% de la recaudación del Impuesto a la Riqueza, próximo a ser ley.
Respecto al estigma que cargan las personas que trabajan en los movimientos sociales en ésta situación de vulnerabilidad y son consideradas como “planeros”, afirmó que ese “es un mote con el que se demoniza a los sectores populares, cuando lo que hacen es cobrar un salario complementario de 8.500 pesos por tareas de cuidado, reparto de viandas, uno de los trabajos invisibles pero hoy esenciales en tiempos de pandemia”, concluyó Miño, valorando la solidaridad en su apuesta no solo como funcionaria sino como catequista.
Audio completo – Estado de Alerta – AM770
