Federación Internacional de Trabajadores del Transporte acusa a Milei de «privatización encubierta del sistema de salud»

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), rechazó la Resolución Nº 1/2025APN-UGA MS, emitida por la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei sobre las obras sociales de los sindicatos por considerarla una medida que “atropella la legislación vigente y vulnera los derechos conseguidos”. Asimismo, el Secretario Regional, Édgar Díaz, anunció que la ITF actuará en diferentes frentes, realizando acciones concretas en pos de defender a los trabajadores.

Díaz sostuvo que ve con preocupación la intromisión que lleva adelante el presidente de todos los argentinos ya que “los gremios del transporte somos estratégicos y los que movemos la economía del país, y esto significa un golpe a la estructura de financiamiento de nuestro sistema solidario de salud y al de todos los movimientos sindicales argentinos”.

En el mismo sentido, definió que esta decisión “se trata de una privatización encubierta del sistema de salud, ya que se desvían fondos del sistema solidario hacia entidades privadas sin garantizar un acceso equitativo a la salud, violando los principios de universalidad y equidad”.

La Federación planteó puntualmente, «la intangibilidad de los aportes sociales y la afectación al salario, ya que son propiedad de los trabajadores y su desvío hacia empresas privadas es inconstitucional». Y lo definió como una «violación del derecho de propiedad y de la seguridad social».

“La falta de garantías en el traspaso de aportes a entidades privadas no asegura que la transferencia mantenga las mismas condiciones de cobertura, generando incertidumbre sobre costos y prestaciones y la imposición de cargas administrativas arbitrarias, ya que se obliga a los afiliados a realizar trámites adicionales para mantener su cobertura, alterando unilateralmente sus contratos y generando perjuicios administrativos”, detallaron en las conclusiones de la organización sindical internacional.

La ITF, entidad que representa 16.5 millones de trabajadores y trabajadoras de 740 organizaciones sindicales en 150 países, tanto en el sector portuario como aeronáutico, terrestre y marítimo, también finalmente denunció que “la aplicación de una norma inconvencional genera responsabilidad administrativa, civil y penal no solo para los funcionarios que la ejecuten, sino también para el Estado, comprometiendo su responsabilidad internacional al afectar derechos fundamentales argentinos”.