Eugenio Zanarini: “todos los repartos de la Superintendencia han traído siempre enojos y descontentos”

Así se despachaba el superintendente de Salud, a horas del desembolso. Ya en curso la séptima semana de aislamiento social por la pandemia, y con un trasfondo político convulsionado, la disputa por los fondos adeudados del Gobierno con las obras sociales sindicales se recrudece, aunque la certeza de que ésta semana se efectivizarán pagos por unos cuatro mil millones de pesos, lleva algo de alivio a las organizaciones que sufren el “rojo” de las cuentas bancarias mientras aumentan las demandas propias  de la llegada “contrareloj” del pico de COVID19.

Como cada vez que hubo compromiso de pago, el tema de discusión pasó a “el reparto de la torta” y ésta no fue la excepción.  La acusación de una distribución “discrecional” estuvo a la orden del día y el más beneficiado –de una larga lista- justo sería el camionero Hugo Moyano, un nombre propio  que a la CGT “le enciende algunas alarmas”, más allá de la explicación oficial de Zanarini, quien dejó claro  que los desembolsos son “pagos a cuenta, no subsidios” y que en éste caso los ruidos se debieron sólo “a una cuestión administrativa”.

“No son retornos políticos” reforzó el hombre que lleva adelante un lugar clave en el manejo de los fondos de las obras sociales y que los grandes gremios codiciaban a la hora del reparto de los cargos. Hombre que “simplificó” al extremo los motivos de la discordia, y se amparó en que con el inicio de la cuarentena en marzo “se quedaron sin el personal” y tuvieron que hacer un adelanto del pago sobre saldos, sobre lo que tenía presentado cada obra social, pero el análisis de expedientes presentados no se pudo hacer. “Lo que hicimos fue adelantarles dinero sobre esos expedientes que luego vamos a analizar”, justificó.

“Es como que si a uno le debo 20 y a otro le debo 10, el que le debo 10 no se puede enojar si un día voy y le doy 20 al primero y 10 a él, es así de sencillo” desdramatizó Zanarini, aun sabiendo que los sindicalistas con más poder “no están dispuestos a tragarse ese sapo” y que luego de golpearle a él la puerta irán a tocarle el timbre al presidente.

Por eso, casi con humor, desde la oficina clave de administración de los fondos hicieron historia: “todos los repartos tradicionalmente en la Superintendencia desde que existe, siempre ha traído gente enojada y gente disconforme”. En los últimos casos tal es así que se ha distribuido previamente el “borrador de la resolución” con los montos entre periodistas y operadores políticos para que “impidan tal injusticia”.

Además de los pagos de deuda, que para alegría o enojo, y con “algunos retoques” están a punto de efectivizarse, se adjuntará una resolución estableciendo cuatro tipos de módulos nuevos, por Covid19,  por aislamiento, por terapia intensiva y por terapia intensiva con respiración mecánica para reintegrarles por sus beneficiarios como si eso fuera otra patología de alta complejidad que se reintegra a través del Fondo Solidario del Sistema Único de Reintegros (S.U.R.) que es una gerencia de la Superintendencia.

De todos modos, el hombre del riñón de Ginés González García reconoció que “los problemas surgen siempre porque se miden “cuánto cobra el otro, cobra más que yo”, pero esto “que pasa siempre” reiteró  “tiene que ver con lo que tienen presentado, los saldos que tiene cada uno y demás” afirmó Zanarini dejando de lado las críticas y asegurando que  la distribución de cerca de 4 mil millones de pesos la hemos acordado con ellos y que esperemos que no traiga más problemas porque pareciera ser que cada vez que nos esforzamos por bajar recursos, hay más disconformes que conformes, ¿No?”, se preguntó en Estado de Alerta el funcionario que les dio “un reto encubierto” a los quejosos popes del sindicalismo.

Sucede que la idea de los sindicatos a partir de la llegada de Alberto Fernández era ir recuperando lugares de poder en el organigrama del Gobierno y la enorme deuda reclamada por las obras sociales, una deuda que no se actualiza y por lo tanto permanece “devaluada” e irse poniendo de pie, luego de haber padecido al macrismo, sobre todo en los últimos dos años. Lo primero no sucedió por disputas internas y lo segundo tampoco: se intermpuso la pandemia.

Así y todo, la defensa es recíproca e «incondicional» entre sindicatos y Gobierno. Y desde las organizaciones sindicales le solicitan colaboración en otro tema no menor. Evitar la “judicialización” o en todo caso, mediar para equilibrar la balanza en cuanto a procesos judiciales donde siempre se falla a favor del trabajador en coberturas de tratamientos con medicaciones a veces de hasta 600 o 700 mil dólares que son imposibles de cubrir por parte de las obras sociales y detrás de la que hay negocios de estudios jurídicos inescrupulosos que buscan provecho de la situación, desfinanciando y provocando la quiebra de organizaciones que trabajan para el conjunto y no sólo para la individualidad.