Después de que el Gobierno nacional confirmara, con la publicación de dos decretos en el Boletín Oficial, sus intenciones de terminar con los contratos de aproximadamente 7 mil trabajadores del Estado, mientras que otros miles quedarán en observación, las organizaciones gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se encuentran en alerta. Desde ATE ya manifestaron su repudio a la iniciativa y anticiparon un plan de lucha para revertirla.
Los decretos 84/2023 y 77/2023 establecen que las contrataciones “iniciadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas” (también se prorroga hasta marzo la vigencia del Decreto N° 426/22, que establece restricciones en el mismo sentido). Así se establece que “las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas en el marco del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017 y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas a partir del 1° de enero de 2023 en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley 24.156, no serán renovadas”.
Protestas de las dos CTA, ATE y organizaciones sociales contra el DNU del oficialismo
Sin embargo, quedan exceptuadas de la regulación las contrataciones “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales; el personal que haya estado prestando tareas con fecha previa al 1° de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad de contratación; y el personal que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada y que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento”. Las contrataciones efectuadas en el marco del artículo 9° del Anexo de la Ley 25.164 (que regula el Empleo Público) y del Decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017, cuya fecha de ingreso al sector público sea previa al 1° de enero de 2023, no podrán ser renovadas más de 90 días corridos.
También se le plantea a las autoridades de cada sector “un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023” y, en caso de renovación de contratos, se exige “fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”.
La Administración Pública Nacional (APN) está compuesta por unos 393.000 empleados, de los cuales 193.000 son civiles distribuidos en las diferentes áreas del Estado, bajo dos modalidades de contrato: la Ley de Trabajo o la Ley Marco de Empleo Público Nacional. En este último caso estarían comprendidos unos 100.000 trabajadores, un tercio de los cuales un tercio integra la planta permanente.
La CGT moviliza contra el decreto, convocó al Comité Confederal y evalúa un paro general
Los gremios ya adelantaron que no aceptarán despidos sin causa justa. El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó: “Todos los trabajadores desempeñan un rol que es esencial a la hora de garantizarle derechos a la población. Tengo la sensación por estos días que se quiere moldear un Estado que esté sólo al servicio de los grandes grupos empresarios”. “La agresión a los estatales es tan grave que hasta quieren poner en disponibilidad a más de 70 mil trabajadores. Renovar los contratos solamente por un plazo de tres meses nos coloca frente a un estado de máxima precarización. En la Administración Pública cuesta encontrar antecedentes de un ataque de tal magnitud a los derechos laborales”, agregó.
“Los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha. No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno”, enfatizó el dirigente. Y concluyó: “Si el Gobierno avanza con estas cesantías, de manera directa se estará afectando a los trabajadores y familias, pero indirectamente la perjudicada será toda la comunidad. En el Estado cualquier despido se traduce en una pérdida de derechos para todo nuestro pueblo”.
También desde UPCN, el gremio encabezado por Andrés Rodríguez, se confirmó la participación en la movilización cegetista de este miércoles contra el mega DNU firmado por el presidente Javier Milei.
