Ante las declaraciones del presidente electo Javier Milei que sembraron dudas respecto del pago del medio aguinaldo de diciembre para toda la administración pública, numerosos gremios y asambleas de trabajadores estatales plantearon la necesidad de que ese pago se garantice, en algunos casos planteándole incluso al gobierno actual que adelante el pago para que se perciba antes del traspaso del poder.
El propio cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer remarcó este jueves tras la reunión con otros referentes cegetistas que “bajo ningún punto de vista aceptará la pérdida de derechos de los trabajadores”, enfatizando que la central obrera no va a aceptar “que no le paguen los salarios a la gente”.
En el mismo sentido, el nuevo secretario General de ATE Nacional Rodolfo Aguiar solicitó formalmente al Ministerio de Trabajo que la administración de Alberto Fernández adelante el pago del aguinaldo, haciendo valer la Resolución 576/98 del Ministerio de Hacienda que habilita a realizar esa liquidación en cualquier momento del mes de diciembre.
La CGT afirma que «no dará ni un paso atrás» en la defensa de los trabajadores
“Las declaraciones del presidente electo Javier Milei nos dejan ante un escenario de incertidumbre respecto al pago del Sueldo Anual Complementario. Buscamos transmitir tranquilidad y certidumbre a los trabajadores”, denunció Aguiar. Y añadió: “No es una opción del Presidente obviar el pago del aguinaldo ya que sería una violación de un derecho de orden público. No liquidarlo pondría en riesgo la cobertura de necesidades básicas de carácter alimentario que cubre el salario”.
El planteo respecto de la importancia de garantizar el pago del aguinaldo también atravesó las masivas asambleas que se llevaron adelante durante la semana en los medios del sistema público de comunicación (además, por supuesto, del alerta respecto de las amenazas de privatización), así como también las reuniones y encuentros de trabajadores estales de los más diversos ámbitos.
Ante este panorama, algunas administraciones provinciales ya salieron a tranquilizar a sus trabajadores, asegurando que el pago se encuentra garantizado, más allá de las definiciones nacionales. Este fue el caso de las provincias de Salta y Tucumán.
