En los últimos días España comenzó a discutir una reforma de su Ley de Extranjería, para permitir que los migrantes de otros países puedan trabajar legalmente en el territorio español. Se trata de una iniciativa que partió del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que busca la incorporación de mano de obra extranjera a sectores donde falta mano de obra, un recurso clave para permitir la recuperación de la actividad en sectores que vienen demandando trabajadores en el contexto de recuperación económica post pandemia como el transporte, el campo, la hotelería y la construcción.
Según argumentan desde el sector empresario, la actual Ley de extranjería actual no resultaría lo “suficientemente ágil” para responder a los cuellos de botella que se generan en algunos sectores del mercado laboral español. El borrador del proyecto se está debatiendo hace algunos días, pero hay acuerdo en tres de sus elementos centrales, que pasan por ampliar la contratación en origen (incluyendo a otros sectores más allá de los trabajadores temporeros), permite que los estudiantes extranjeros trabajen y avanzar en la creación de una figura que permitirá que los inmigrantes irregulares puedan formarse en ámbitos laborales en los que se requiere mano de obra.
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José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca el apoyo del resto de los ministerios para su iniciativa. Este martes el Consejo de Ministros acordó su tratamiento urgente, una decisión clave en un contexto en el que España aparece como la zona europea con mayor tasa de desempleo (con 13,65%). En ese marco, sin embargo, el 69% de los empleadores afirma tener dificultades para cubrir vacantes. Además del transporte, el campo, la hotelería y la construcción, también hay carencia de teleoperadores, desarrolladores de software, conductores de vehículo de reparto o representantes comerciales.
Según plantea la cartera de Escrivá, la normativa actual de migraciones no genera incentivos para resolver estos problemas del mercado laboral. En ese sentido, remarca: “Al contrario, esta normativa continúa fomentando procesos de incorporación irregular al mercado de trabajo con altos costes sociales, económicos y de gestión”. El borrador de proyecto también modifica los requisitos para el arraigo social (el mecanismo que permite la regularización de los extranjeros que llevan por lo menos tres años en situación de irregularidad en España), eliminando la exigencia de presentar un contrato laboral de un año, sustituyéndola por el requisito más sencillo de demostrar que se cobra al menos el salario mínimo. En caso de que se presente una denuncia ante las autoridades laborales por empleo irregular, por parte del trabajador y otra persona, el extranjero podrá potar por la regularización sin probar una estancia mínima en el país.
Esta iniciativa para el mercado laboral requiere ser complementada con toda una serie de iniciativas que apunten a una mayor sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como también avances en una política migratoria regular y ordenada.
