En la segunda jornada de la audiencia judicial para definir la disputa de la familia Etchevehere sobre la ocupación de las tierras de la estancia Casa Nueva, en la localidad entrerriana de Santa Elena, la jueza María Carolina Castagno revisó el fallo de su colega de primera instancia Raúl Flores, hizo lugar al pedido de los hermanos Etchevehere, dispuso la detención de Dolores y se retiraron los trabajadores rurales que impulsaban la iniciativa agroecológica Proyecto Artigas.
Durante la primera parte de la audiencia, realizada este miércoles, la jueza escuchó a las partes. Presentaron sus argumentos por la parte denunciante (el ex ministro de Agroindustria del macrismo Luis Miguel Etchevehere, sus dos hermanos y su madre) el fiscal Oscar Sobko, el abogado Ruben Pagliotto (por Las Margaritas S.A., la sociedad anónima propietaria del predio), ambos trabajando desde el primer día con el caso. Por la parte de Dolores Etchevehere intervinieron Daniela Verón, del Cuerpo de Abogadas de Víctimas de Violencia de Género del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nacion, y Lisandro Mobilglia, defensa técnica de la denunciada.
Al conocerse la decisión de la magistrada, estallaron los festejos del grupo de personas que mantiene hace más de una semana un piquete ilegal en la puerta de la estancia para acompañar al ex ministro Etchevehere. La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich se había acercado al piquete para manifestar la solidaridad de Juntos por el Cambio con su ex funcionario, como en el día de ayer lo había hecho el ex senador Miguel Ángel Pichetto.
“Vine aquí porque consideramos desde Juntos por el Cambio y el PRO que uno de los elementos fundamentales para el país es la defensa de la propiedad privada”, manifestó Bullrich. Y agregó: “En este último tiempo hubo acontecimientos serios en el sur, siguiendo por Guernica y en este caso la invasión directa de un campo de la familia Etchevehere. Esto demuestra las maniobras para cambiar las reglas de nuestra constitución”.
El propio Luis Miguel Etchevehere celebró el fallo judicial que consideró que los ocupantes “invadieron el terreno” y ordenó su “desalojo pacífico” afirmando: “Que este caso sirva para que la gente vuelva a confiar en la Justicia, vamos a esperar afuera hasta que salga el último usurpador para poder ingresar a nuestra casa”.
