Según las propias estadísticas del Ministerio de Trabajo, entre mayo y junio de este año se registraron 10.600 asalariados menos. Y, según las proyecciones oficiales, la tendencia se prolongará a lo que resta del año y a 2019, ya que los ingresos al Estado se encuentran congelados por 24 meses, gracias al decreto presidencial aprobado hace meses y al impacto de la ley de responsabilidad fiscal, que frenó incorporaciones en provincias y municipios.
La reducción de empleos fue más marcada en el Estado nacional. Según datos oficiales, al asumir Mauricio Macri en diciembre de 2015 se registraban 240.600 empleados, para julio de este año la cifra cayó a 206.856, según informa el Ministerio de Modernización. Estas 33.744 bajas se explicar por despidos, retiros voluntarios y jubilaciones.
La estadística oficial supera incluso un relevamiento del la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuya sección Capital contabilizaba 25.787 cesantías desde 2015. Según el informe del gremio estatal, las dependencias que más se redujeron fueron el Ministerio de Educación (con 3940 bajas), el Congreso Nacional (2035), la Comisión Nacional de Energía Atómica (2000), el Ministerio de Desarrollo Social (1199) y el Ministerio de Cultura (1194).
Otro informe, realizado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), consigna unas 20.000 bajas, de las cuales el 50% ería en trabajadores de planta permanente y la otra mitad en contratos transitorios. Por otro lado, el gremio alerta sobre el ingreso de más de 10 mil nuevos empleados “con sueldos altos”, por lo que el ahorro de las masivas desvinculaciones sería casi nulo.
José Anchorena, director de Estadísticas del Ministerio de Trabajo, detalló: “Desde enero hasta acá hay una suave caída del empleo en el sector público. A nivel nacional se percibe desde hace dos años, pero ahora comienza a sentirse en las provincias y en los municipios, donde sigue la tendencia a seguir incrementando la planta, aunque a tasas menores”.
En este sentido, Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital, explicó: “Los gobernadores son más cautos porque el impacto en las economías regionales puede ser tan grande que prefieren evitar una crisis, que ya se está produciendo”.
