Según trascendió desde los despachos de Balcarce 50, la intención del Gobierno -para continuar disciplinadamente con la cuarentena, en la que están trabajando los ministros de Producción, Matías Kulfas, y de Economía, Martín Guzmán y Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, es adicionar una batería de nuevas medidas de alivio impositivo en días donde el pago de sueldos ha puesto los nervios de punta a empresarios y trabajadores.
El anuncio inminente -una vez pasado el feriado- sería prorrogar pagos de impuestos y otorgar plazos para la cancelación de los tributos acordes con la emergencia. Pero la situación no es sencilla ya que enflaquecer las arcas en estos momentos significa no poder hacer frente a las miles de urgencias que la pandemia reclama.
La urgencia está destinada a atender el derrumbe de la facturación, -que en muchos casos será cero- por la cuarentena. Es el caso de los profesionales, técnicos y otros trabajadores independientes directamente no tienen la posibilidad de pagar. Es más, los comerciantes, pymes, sectores no declarados “esenciales” están atravesando serias dificultades, situación que se complicaría aún más de continuarse la cuarentena.
El mayor problema es que la emergencia se da en un contexto adverso de la economía que arrastra dos años de recesión, con lo cual la mayoría de las empresas se encuentra sin espalda para afrontar lo que viene, aunque sean sólo unos meses.
La pregunta de las Pymes es cuál es la ayuda que realmente tiene sentido, pues tomar un crédito al 24% para pagar el primer mes de sueldos tiene sentido sólo si va a poder seguir con las persianas bajas y sin ir a la quiebra.
Estas nuevas medidas se sumarían a la batería de las ya anunciadas –aunque no siempre implementadas y en funcionamiento-, hay quejas de empresas que escuchan oficialmente los anuncios, pero luego en lo concreto, llevarlos a la práctica, resulta imposible.
Este sábado, por ejemplo, se supo que el Gobierno dispuso ampliar hasta el 30 de junio el plazo para que los contribuyentes adhieran a la moratoria dictada en el marco de la Ley de Emergencia, una medida que venía siendo reclamada por el sector pyme y los profesionales en ciencias económicas.
Luego a través de un decreto de necesidad y urgencia (316/2020), se extendió por dos meses el plazo límite original para inscribirse en la moratoria que vencía el próximo 30 de abril como así también la suspensión de embargos.
Por su parte, la AFIP dispuso el viernes pasado que ningún monotributista será dado de baja de oficio del régimen por falta de pago de sus obligaciones durante marzo. Esta resolución beneficia a más de 3.600.000 contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Con anterioridad se había decidido que los sectores más afectados por la crisis (salud) tendrán una reducción de 95% en las contribuciones patronales por 90 días. También las restantes empresas que no pueden hacer teletrabajo no deben pagar los aportes jubilatorios – sí el aporte a la obra social además de, obvio, los salarios-. Asimsimo, se suspendieron las medidas cautelares hasta el 30 de abril de 2020, entre otras resoluciones.
