Este jueves, durante una reunión entre el presidente Mauricio Macri y el ministro de Producción Dante Sica con Gerardo Martínez, el secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), se confirmó que el Gobierno no está dispuesto a incluir a los jubilados en el bono de fin de año que se acordó tanto para los trabajadores públicos y privados como para los beneficiarios de diversos planes sociales.
El encuentro se produjo en el marco del G20, cuando Martínez concurrió a la quinta presidencial de Olivos para presentar las conclusiones del capítulo laboral del G20, que sesionó en Mendoza el pasado mes de septiembre. Durante el encuentro el gremialista propuso ampliar los mecanismos de diálogo, pero desde el oficialismo no se confirmó ninguna intención de modificar la mecánica actual de mantener conversaciones en forma individual con los distintos sectores del trabajo y la producción.
En cuanto al planteo sobre posibles revisiones respecto del alcance del Impuesto a las Ganancias, los representantes del Ejecutivo aclararon que las únicas posibles excepciones que se están analizando tienen que ver con una atenuación para los trabajadores del transporte público, compromiso adquirido esta semana por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich luego de un encuentro con representantes de los gremios agrupados en la CATT, que este martes llevaron adelante una medida de fuerza.
Sica también explicitó que, más allá de los sostenidos reclamos de la Confederación General del Trabajo (CGT), el gobierno no tiene previsto pagar ningún bono de fin de año para recomponer parcialmente la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos meses por la clase pasiva del país. La semana pasada ya había descartado esa posibilidad el titular del Anses Emilio Basavilbaso, pero las esperanzas cegetistas volvieron a encenderse luego de que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunciara el pago de un bono de 3500 pesos para los jubilados de su provincia.
El único elemento positivo que Martínez pudo rescatar de la reunión fue el compromiso oficial de no frenar la obra pública para el próximo año. El parate de la actividad durante 2018 generó la pérdida de por lo menos 10 mil puestos de trabajo en la construcción, lo que llevó a un reclamo conjunto de la Uocra y de la Cámara de la Construcción sobre el posible riesgo de que se pierdan otros 30 mil empleos.
