Cuando queda un mes para las elecciones del 27 de octubre, el Gobierno anunció un proyecto para regular los precios de alquileres, que será enviado al Congreso en breve. Esta iniciativa, que se prevé que contará con la oposición del sector inmobiliario, “promueve la sustentabilidad del mercado de alquileres de vivienda”, tal como indicó la Casa Rosada.
Entre los principales puntos del proyecto, se destaca la eliminación de la prohibición de indexar contratos, estableciendo el pago mensual con un índice oficial que combine inflación y salarios, con una vigencia de dos años y la posibilidad de extenderlo automáticamente un año más, si hay acuerdo entre inquilino y propietario.
A su vez, los honorarios inmobiliarios no podrán quedar a cargo del inquilino en las propiedades con destino habitacional, el depósito de garantía se le cobrará al inquilino (“no podrá ser mayor al importe equivalente al primer mes de alquiler”) y se determina que los contratos deberán ser declarados ante la AFIP, en un plazo máximo que dispondrá el organismo.
Las garantías se amplían: La iniciativa marca que puede ser una garantía otro inmueble, un aval bancario, un seguro de caución, una garantía de fianza o una garantía personal del locatario, que se podrá documentar con recibo de sueldo, certificado de ingresos o “cualquier otro medio fehaciente”.
El proyecto también avanza con la creación del Programa Nacional de “Alquiler Social”, focalizado en darles solución a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de violencia de género.
Vale destacar que un proyecto que buscó regular el precio de alquileres fue sancionado por el Senado en 2016 y en Diputado obtuvo un dictamen distinto pero no avanzó por decisión del Gobierno. El sector inmobiliario se opuso terminantemente a la iniciativa ya que, argumentó, “el mercado se puede desplomar” y los propietarios “iban a preferir poner los inmuebles a la venta porque ponía en cabeza de estos el pago de las comisiones”.
