En 2018 el Gobierno recortó 11 mil millones de obra pública para pagar deuda

RedacciónEDA

Para cumplir con el reclamo de equilibrar el déficit fiscal nacional planteado en el acuerdo de préstamo stand-by del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno nacional recortó el año pasado 5,7% en “gastos de capital”, lo que implica un ajuste de 11.414 millones en obra pública en comparación con el año anterior.

Más allá de la insistencia oficial en que existen compensaciones por otras vías, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) las transferencias para gastos de capital a las provincias cayeron 28,3%. Los distritos más afectados fueron San Luis (caída de 45,5%) y Misiones (32,2%).

La reducción del gasto público que motivó las recientes felicitaciones del FMI en el Foro de Davos se basó en la imposición de un techo a las paritarias estatales que las dejó muy por detrás de la evolución de la inflación, en una actualización regresiva de la fórmula para calcular las jubilaciones y en un recorte de subsidios que derivó en fuertes aumentos de todos los servicios públicos. Como contrapartida, crecieron en un 70,4% las partidas de gasto destinadas al pago de los intereses de la deuda externa, convirtiéndose en el segundo rubro más importante del gasto después de las prestaciones de la seguridad social.

El pago de deuda se llevó 13 de cada 100 pesos de gasto corriente, duplicando las cifras de finales de 2015. Según un informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala al comenzar la gestión de Cambiemos se afrontaban vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera por un USD 52.500 millones distribuidos en los cuatro años de mandato, pero el próximo presidente recibirá una pesada herencia de casi el triple: USD 149.000.

Este lunes llegará una nueva misión del FMI para revisar las cuentas nacionales y asegurar la capacidad de cumplir con el pago de los compromisos asumidos. La fórmula aplicada para ese fin es la de reducir el déficit nacional a cero, con más recortes al gasto público, la exigencia de bajar las jubilaciones y aumentar la edad de retiro y el objetivo de seguir retirando al Estado de todos sus compromisos en salud, educación o infraestructura. Así, durante 2018, la inversión en infraestructura energética cayó 41,6%, en infraestructura educativa 34,3% y las obras viales un 20,9%.