Por la baja del presupuesto que incluye salarios que apenas superan los 300 mil pesos para profesionales especializados en el tratamiento de distintos tipos de discapacidades; personas con diferentes grados de invalidez, junto a familiares y seres cercanos, profesionales de la salud y asistentes sociales, marcharon al Congreso de la Nación.
La movilización se organizó para protestar contra el desfinanciamiento de las políticas presupuestarias, que deben atender las necesidades de coberturas especiales, con recursos de protección de la calidad de vida, para permitir la interacción cotidiana, las posibilidades de formación y la normas que alienten la inserción laboral, de ciudadanos que sufren algún tipo de discapacidad.
Concretamente, el masivo acto, se realizó para reclamar «contra el vaciamiento de los fondos», contemplados en la Ley 24.901, aprobada en 1997, que permite el acceso a servicios esenciales para la habilitación y recuperación de las personas con diferentes discapacidades. Y asimismo, exigir el cumplimiento de la Ley 27.044, del año 2014, que le da ¨jerarquía constitucional¨, a la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, como instrumentos del Estado, para a través del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asegurar una ¨vida digna, con educación, salud, rehabilitación, cobertura social y trabajo para las personas con discapacidad¨.
Las miles de personas que marcharon, fueron recibiendo el apoyo de los vecinos y trabajadores por las calles que fueron recorriendo, sin que en esta oportunidad se produzcan enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ni que se pusiera demasiado ahínco en el cumplimiento del protocolo represivo.
Así, entidades de servicios de apoyo para gente que atraviesa este tipo de problemáticas, junto a decenas de agrupaciones e instituciones, exigieron la declaración de la ¨Emergencia Nacional en Discapacidad¨, que esperan sea tratada y aprobada la próxima semana en el Congreso de la Nación.
La convocatoria, inicialmente había nacido como un «semaforazo», pero la alta masividad de manifestantes y el grado de adhesión que fueron logrando de manera espontánea por transeúntes, comerciantes, empleados y trabajadores de la zona, hizo que la demanda creciera en magnitud y visibilidad.
Incluso empleados de la propia Agencia Nacional de Discapacidad, donde se inició el reclamo, no contuvieron su emoción y se solidarizaron efusivamente con las personas convalecientes, trabajadores de la actividad y familiares que protagonizaron la demanda para que el Estado Nacional le de ¨urgente solución¨ a esta problemática con la que «se hace muy difícil no empatizar».
