El transporte y otras variables confirman el deterioro adquisitivo y de calidad de vida de los trabajadores

El ajuste brutal que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, profundizando una recesión económica cada vez más severa, impacta no sólo en dimensiones como la productividad o las ventas de la industria y el comercio nacional sino también en el empleo y en variables más directamente ligadas un deterioro de la calidad de vida general de los trabajadores. Esto va desde la posibilidad de contar con acceso a una obra social hasta la forma en que se viaja, de forma cada día más peligrosa a pesar de los constantes aumentos de los pasajes.

Un reciente informe de la consultora Scentia muestra que en el mes de abril las ventas en supermercados se desp0lomaron u8n 15,4%, lo que implica una caída aún más pronunciada que la registrada en la crisis de 2001. Desde la Unión Industrial (UIA) informaron que la actividad fabril retrocedió en el mismo mes un 17,2%, una baja qmás garve que en el inicio de la pandemia, que iguala los nivels de 2001. En el caso de la construcción, el desplome se remonta al 42% por la suspensión oficial de la obra pública. Como es lógico, estos retrocesos de industria, construcción y comercio se traducen en miles de despidos en el sector privado (que se suman al recorte de más de 15 empleos del sector público, desde el inicio de la gestión Milei).

La administración nacional no sólo habilitó significativos aumentos de tarifas hogareñas (que, por ejemplo, llevaron a que el valor de la electricidad sea el más alto en 30 años, en relación con los ingresos) sino también en el transporte público, áreas con un gran impacto en los costos de los trabajadores, que reducen velozmente el poder adquisitivo de los salarios. En estos días se instaló, incluso a nivel judicial, la polémica por el incremento del boleto de sube a 574 pesos. El aumento de más de 400% aplicado por la concesionaria Sbase y autorizado por el Gobinero de la Ciudad de Buenos Aires fue cuestionado por un amparo judicial, que fue concedido y luego levantado este viernes, cuando la nueva tarifa comenzó a regir (un segundo aumento, que llevará el boleto a 659 pesos, se aplicará el 1 de junio). Según plantean desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp / Metrodelegados), no hay justificación alguna para tamaño aumento, ya que no hubo inversiones en las redes de subte, que siguen en un estado de gran precariedad.

En el mismo sentido vienen reclamando los distintos gremios ferroviarios. En las últimas semanas se aplicaron aumentos de tarifas en las líneas de trenes, mientras que el Estado sostiene una retirada brutal del sector, sin garantizar siquiera el mantenimiento mínimo de las formaciones, lo que hace unos pocos días derivó en un grave accidente en la línea San Martín y en otros hechos como el reciente parate de una formación del Sarmiento cerca de la estación Caballito, que dejó a cientos de pasajeros varados durante horas o las condiciones de hacinamiento en las que se viaja hoy en la línea Roca por una severa reducción de servicios. Las políticas de ajuste del oficialismo no sólo se traducen en crecientes dificultades económicas para todos los asalariados sino que ya están llegando a amenazar la salud y hasta la vida por la precarización general de los transportes.