Llegaron a ser casi 30 mil millones de pesos en la gestión anterior, y durante el primer mes de gobierno del Frente de todos el tema aún no se había puesto en la agenda pública, pero a partir desde la semana pasada, el reclamo de los sindicatos por el dinero adeudado a las obras sociales sindicales, que en muchos casos están al rojo, volvió a ser noticia.
Quien retiene a través del Fondo Solidario de Redistribución es la Superintendencia de Servicios de Salud y a ella le apuntan los sindicatos, sin perder de vista que, dentro del pacto social solidario “son tiempos de colaborar más que de pedir”. Aún así comienzan a presionar a Alberto Fernández para cobrar por lo menos un porcentaje del dinero, del que según argumentan, depende el “normal funcionamiento de las obras sociales” que están desfinanciadas y necesitan saldar deudas a proveedores.
Durante el macrismo, esos fondos sirvieron para “comprimir o descomprimir” la relación con la Confederación General del Trabajo, pero hubo más anuncios que verdadera liberación de partidas, lo que, sumado a la gravedad de la crisis económica, la devaluación y el aumento de los costos de insumos en dólares “puso en riesgo el sistema de salud” de las obras sociales.
Armando Cavallieri, el secretario general de los mercantiles fue uno de los primeros en sentarse con el Ministro de Salud, Ginés González García para plantear la necesidad el cobro de 3.500 millones de pesos que el Estado contrajo con OSECAC, en concepto de prestaciones ya realizadas.
Cavalieri pidió aumentar el componente «obra social» del monotributo
El reclamo se da en medio de la negociación paritaria que se debate entre “ser libre o quedar sujeta a sumas fijas” como lo fue en enero para trabajadores privados y estatales por una suma de 4.000.
Ha sido reiterado el pedido de “moderación” desde el Ejecutivo, debido a la fragilidad del sistema financiero argentino, que si bien parece haber sido comprendido por gran parte del arco sindical, no quita que deben convivir con las tensiones propias de los bolsillos flacos de los trabajadores que no pueden recuperar su poder adquisitivo todavía en amplia desventaja contra la inflación.
Así, en un atípico mes de enero, con flamante gobierno, desembarcan representantes sindicales en el Ministerio de Trabajo permanentemente para plantear situaciones complejas, donde Moroni ha tenido un rol protagónico, debido a la crítica situación de producción y trabajo, con casi 11 puntos oficiales de desocupación, cifra que asciende al 20 por ciento entre jóvenes, particularmente del conurbano bonaerense.
