El Senado aprobó la Ley de Emergencia Económica

El proyecto fue sancionado este sábado por la madrugada. La iniciativa y había sido aprobada en Diputados con 134 votos afirmativos y 110 en contra. Así la Cámara de Senadores convirtió este sábado en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

El megaproyecto surge en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que este viernes a la mañana fue sancionado por la Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann -integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal-.

La sesión, además, consistió en el debut de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como moderadora del debate como presidenta del Senado, en un rol que cumplió con rigor y ateniéndose al reglamento.

La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.

En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, con el que estuvo de acuerdo todo el arco sindical, contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Sus  principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Uno de los temas que más polémica generó en su tratamiento  es que fuera de la medida se encuentran las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.

De hecho cuando comenzaba a debatirse, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones de privilegio en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.

El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.