En las últimas horas el Secasfpi (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social) salió a cruzar en duros términos la resolución oficial del Gobierno de Javier Milei para establecer un nuevo “Régimen de disponibilidad” para los trabajadores del Estado, amenazando la estabilidad laboral del sector.
El proyecto, originalmente desarrollado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, se presenta como un plan de “reestructuración” y optimización de la plantilla estatal, pero según el gremio encabezado por Carlos Ortega se trata de una iniciativa que “pone en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores del sector público”, que día a día sostienen el funcionamiento del Estado, vulnerando sus derechos.
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Entre los puntos más “preocupantes” del proyecto, el gremio destacó el de su “ámbito de Aplicación”, que se enfoca en “trabajadores con estabilidad adquirida que se vean afectados por reestructuraciones que eliminen cargos o reduzcan personal, poniendo en peligro la continuidad laboral de muchos”, así como también una serie de “acciones previas a la disponibilidad”, que apunta “aceptar renuncias en trámite y limitar las licencias sin goce de haberes, lo cual podría afectar directamente a compañeros con protección sindical o en edad de jubilarse”.
También se manifestó preocupación por los mecanismos de “notificación y registro», ya que los trabajadores a ser afectados por las supresiones de cargos apenas contarán con cuatro días hábiles de notificación, para luego ser incorporados “a un registro que los deja en una situación de total incertidumbre”, y por las “condiciones durante la disponibilidad”, en tanto durante el período en que no presten servicios los trabajadores alcanzados por esta reestructuración “deberán estar a disposición para eventuales convocatorias, generando una situación de inestabilidad y presión constante”.
Finalmente, se cuestionan los planes de “capacitación y reconversión”, iniciativas “cuyo incumplimiento podría resultar en la desvinculación del trabajador, aumentando la vulnerabilidad de quienes se encuentran en esta situación”, y la “salida del registro”, por medio de la que se “contempla la desvinculación definitiva del trabajador, con el pago de una indemnización, lo cual es inadmisible para quienes han dedicado años de servicio al Estado”.
Desde el Secasfpi concluyeron: “Esta resolución es inaceptable y va en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del sector público. No podemos permitir que el ajuste recaiga sobre nuestras espaldas, sacrificando la estabilidad laboral y la dignidad de quienes día a día construyen un Estado al servicio de la sociedad. Por ello, hacemos un llamado urgente a la unidad y a la organización de todas las trabajadoras y trabajadores para llevar adelante un plan de lucha contundente. Es momento de defender cada puesto de trabajo, exigiendo la derogación inmediata de esta resolución”.
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