Alberto Fernández le solicitó al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que avancen en el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo en «encontrar una rápida solución» a la Ley de alquileres que hoy causa perjuicios tanto a inquilinos como propietarios.
Esa solución “puede ser a través de un DNU o de una Ley o de una Comisión Especial del Congreso”, siendo lo más probable que se resuelta a través de una Comisión Especial del Congreso, y de ésta manera se pueda reformar la ley de alquileres «con un primer artículo que suspenda la ley por 180 días y ponga en vigencia la anterior», y que “paralelamente se elabore una nueva norma basada en un acuerdo parlamentario, con amplio consenso entre el oficialismo y la oposición”.
Según coinciden diputados, buscando una solución a un problema se votó una ley que en la realidad fracasó: la Ley de Alquileres, que “pretendía asegurar a inquilinos y propietarios” y terminó “disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y además generando incertidumbre y dificultades para el inquilino».
La ley fue votada y aprobada durante la actual gestión de Alberto Fernández, en junio de 2020 y votada por el oficialismo. El propio ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, indicó que la idea oficial para la ley «no es derogarla sino mejorarla».
Desde el sector inmobiliario vienen reclamando certezas en la toma de decisiones. «Tanto para que la oferta crezca como para que los alquileres tengan valores un poco más reales y acordes a la economía que tenemos”. Sumado a esto, “deben repensar qué es lo que realmente necesita la gente a la hora de alquilar”, señalaron.
«La ley de alquileres generó en un muy corto plazo una desaceleración de la oferta y una gran aceleración en los valores (entre el 70 y el 100% en algunos casos). A partir de esto, se creó un escenario en el que va a ser muy difícil que los propietarios hagan frente a los valores de las propiedades. Incluso, será complicado, si vuelve la voluntad de las partes de sentarse y acordar un incremento cada seis meses, que el propietario no vaya a pedir un incremento que cierre en un 50% (o sea, un 25% semestral)», marcaron desde el sector.
Esta ley la impulsó Daniel Lipovetzky, en ese momento legislador del PRO. «El, en su relato, dice: me equivoqué. Pero no se equivocó nada, lo que no hizo fue escuchar a los actores centrales del mercado, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que en ese momento era presidido por Armando Pepe y se cansó de pedir mesa para poder aportar la opinión de quienes realmente estamos en el mercado hace muchísimos años y conocemos la problemática de la vivienda”, dispararon representantes del sector.
Pero el tema no queda ahí, advierte este especialista. «Esta ley vino a empeorar un mercado deprimido. Habrá que dar un debate sobre si se deroga la ley de alquileres o si se modifica, y cómo se reactiva el mercado, ya sea con créditos u otra herramienta. Ahora están pensando en impuestos a la propiedad ociosa, que es algo que tampoco funcionará», resaltaron.
