El proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar el régimen especial de jubilaciones de jueces, fiscales y defensores generó que distintos sectores del Poder Judicial se unan para criticarlo y rechazarlo. Entre los opositores a la iniciativa se encuentran la Asociación de magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacionales (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios nacionales (Affun).
Ya emitieron su punto de vista sobre la cuestión. Indicaron que si bien «los trabajadores del sector judicial no desconocemos la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país» advierten con sorpresa como «el proyecto del Ejecutivo se aparta de los principios de raíz constitucional que fueran emitidos por la Corte Suprema, cuando sostuvo en un fallo este Tribunal viene recordando la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial, a los que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes para preservar su absoluta independencia».
Polémica y amenaza de demandas judiciales por los aumentos jubilatorios por decreto
«Debemos señalar que la función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes», añadieron.
De este modo, «ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como nuestros magistrados». Desde el Gobierno, en off, expresaron que “no estamos atacando a nadie con esto. Un Camarista cobra hasta 600 mil pesos de jubilación. Con los cambios que proponemos pasaría a percibir 560 mil. La verdad, el problema acá es que no les gusta que les toquen nada”.
Vale destacar que el proyecto sube la edad jubilatoria de manera escalonada a los 65 años, eleva los aportes y también modifica el cálculo del 82% móvil. Además, toma los diez últimos años de aportes como cualquier jubilación del régimen general. A lo que apunta es a «reducir las inequidades existentes en el sistema previsional» con un aumento del 7 por ciento en el aporte previsional. «Se pretende con ello lograr la convergencia entre el régimen especial y el régimen general, de forma paulatina y sin afectar derechos adquiridos», dice el texto que ya está en el Congreso Nacional.
