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El Movimiento Sindical Argentino desafiado en modo LLA

Edgardo R. Chini

La representación sindical estará a prueba con características únicas a partir del 10 de diciembre en su interacción con la fuerza de ‘La Libertad Avanza’ en el poder. La transformación que incluso los propios cuerpos orgánicos de los gremios demandan a sus Consejos Directivos, se hará carne en el nuevo proceso de discusión en el campo del mundo laboral que se avecina, acelerado por virus COVID.

El objetivo de frenar cualquier reforma laboral que implique flexibilización está en marcha. En términos prácticos, se trata de evitar la explotación de la mano de obra, en medio de una provocada desvalorización de la fuerza laboral en la concepción commodities, desde la exclusiva perspectiva monetarista de la economía.

Aun así, el propio Perón decía que “nadie debe producir menos de lo que consume”. El desafío es entonces también, generar las condiciones para que esta posibilidad sea factible, en medio de todos los cambios que trajo la revolución tecnológica, acrecentados en la pandemia y post pandemia, que sin dudas vinieron para quedarse.

La dirigencia gremial debe revertir las descalificaciones al rol que cumple el sindicalismo argentino asimilando críticas, pero haciendo comprender a sus representados/as, que el fin último de este avance sobre las organizaciones sindicales es perforar su poder de negociación colectiva en la defensa de coberturas, beneficios y derechos. Imponiendo desregulaciones que lejos están del objetivo de generar un mejor bienestar de la masa empleada, más allá de toda discusión necesaria en el campo del mundo laboral.

Nunca antes el Movimiento Sindical Argentino que nació oficialista (/45), se encontró frente al desafío obligado de interactuar con una expresión partidaria triunfante neo liberal 2023, aunque haya experiencias previas en distintos contextos que podrían considerarse similares desde mediados de siglo pasado a la fecha.

El cuadro de representación ampliado CGT, CTAs y Movimientos Sociales deberá sostener la unidad (al menos en la acción), aunque también se visualizan escenarios más cercanos a lo que fuera CGT Azopardo-CGT Brasil o MTA-CTA en tiempos de menemismo, por citar ejemplos de división del Movimiento Obrero.

También se aguarda un rol central para la Iglesia Católica con el aura Papa Francisco, a través del vínculo construido con la Pastoral Social y todo el posicionamiento territorial social. ¿O acaso no certificaba el líder del Movimiento, que la doctrina Peronista se basaba en mandatos cristianos?

De Ministerio a Secretaría otra vez

La ‘jerarquía’ de la cartera laboral, hoy reducida otra vez a la de secretaría -como en los más recientes tiempos del macrismo-; aparece claramente en el centro del asunto.  El propio ex presidente, disputa con Patricia Bullrich, ex fiel seguidora (?), el nombramiento de los principales interlocutores desde ese ámbito para las discusiones que se avecinan.

Tanto en lo que se refiere a negociaciones paritarias, encuadramientos laborales y reconocimiento de personerías, como en lo que va significar la homologación de acuerdos salariales y condiciones de empleo y las conquistas laborales enmarcadas en la Ley de contrato de Trabajo.

Porque aquí también radica un orgullo del Movimiento Obrero local, cuando se exhibe como ejemplo en cuanto a las normas que rigen los vínculos con el empleador en relación de dependencia. Y que se reconoce -no sólo en la región-, como faro a seguir para ejercer la defensa de derechos.

Bullrich, Ministra de Trabajo en tiempos del gobierno de la Alianza (allí no se le bajó el rango del cargo), sabe de qué se trata tener al sindicalismo del otro lado del mostrador. Y adquiere valor el hecho que en la nueva administración haya sido designada nuevamente como Ministra de Seguridad. De hecho, hay quienes ven en este nombramiento un espejo de las ‘respuestas’ que podrían instrumentarse en conflictos gremiales, donde la cuerda se tense demasiado y se haga necesario dar ‘contestaciones callejeras efectivas’ a los reclamos. Aunque también es cierto que paralelamente, empiezan a aparecer mensajes dialoguistas de variados orígenes.

Las incertidumbres aguardan las certezas.

La CGT en su conjunto –que deberá refrendar su unidad a cada paso- solicitó reunión urgente con representantes del gobierno entrante. El encuentro de ‘la mesa chica ampliada’ en sede UOCRA, fue un punto de inflexión en el rol que deberá cumplir la central madre de la calle Azopardo, ante el desembarco del LLA. No fue casual que Gerardo Martínez oficiara de anfitrión de la reunión, tanto por su rol central en la puesta en superficie del Convenio Colectivo de la actividad -que también involucra a la obra pública-, como en lo que hace a su desempeño internacional en la OIT, donde recientemente se aprobó instrumentar un marco legal mundial al derecho a huelga como herramienta de protesta, tal como está reconocido en nuestro país.

Las organizaciones sindicales también necesitan certezas en el campo de la salud, donde la Obras Sociales cumplen un rol central para darle cobertura a trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Por cierto, el Ministerio de Salud también disminuye su rango por el de Secretaría.

Las CTAs serán actores centrales de la contienda en todo sentido, más aun teniendo en cuenta, que la ‘Patronal Estado’ ya anunció que se endurecerá con los trabajadores de los organismos y dependencias tanto nacionales, como provinciales y municipales.

Algo similar sucede con la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las diferentes extracciones de los movimientos sociales, en su carácter de representantes de sectores de encuadramientos precarios, con los que algunos presagian un enfrentamiento ‘cuerpo a cuerpo’, más allá que también aquí se han empezado a tejer lazos desde lo que será el múltiple Ministerio de Capital Humano del próximo gobierno.

Sin embargo, existen dudas sobre el funcionamiento del Consejo Nacional del Salario y Empleo que define el ingreso mínimo como referencia. Más aún con la Secretaría de Comercio -de donde depende el INDEC-: afuera.

Y así nacen las preguntas. ¿El Estado dirá simplemente que “no hay plata”?

¿Que demandan los trabajadores y trabajadoras que en porcentajes elevados optaron la opción de Milei en el balotaje? Un presidente electo que prometió ajuste en la campaña y puso foco en la anulación de la “justicia social”, como mandato y como norma, más allá de ser parte explícita de la Constitución Nacional.

Una impronta ‘libertaria’ que aseguró eliminar el precepto que establece que donde “hay una necesidad, nace un derecho”.

¿Cuánta fortaleza de resistencia tendrán los lazos que desde el partido triunfante ya buscan construirse con referentes de un Peronismo invitado a expresarse nuevamente en modo ampliado?

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