Después de que este miércoles se registraran masivas movilizaciones de docentes y estudiantes universitarios en varias ciudades en repudio al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario y, mientras crecen las tomas y ocupaciones de facultades en todo el país, durante el día de la fecha los gremios del Frente Sindical Universitario llevan adelante una nueva jornada de paro, reclamando una recomposición salarial para docentes y no docentes que les permita recuperar el poder adquisitivo de sus salarios, que perdieron un 25% de poder de compra en lo que va del año.
Hasta el momento, desde el Gobierno de Javier Milei no se ha dado señal alguna de registrar la masividad de la protesta nacional docente estudiantil en defensa de la universidad pública, centrándose en profundizar el conflicto con denuncias y acusaciones contra la educación superior que en la mayoría de los casos no cuentan con fundamento alguno.
Hace algunos días el propio Milei y varios de sus funcionarios repitieron el argumento de que no tiene sentido que la población de conjunto financie la educación superior ya que los pobres “no acceden a la universidad”, por lo que se daría un fenómeno en el que masivos sectores de la población aportarían recursos para sostener una suerte de privilegios de elite. “La universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta, los ricos y la clase media alta. El mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad”, afirmó Milei el sábado en el acto de reinauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner, rebautizado como Palacio Libertad.
Sin embargo, datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) confirman que por lo menos el 65% de la población universitaria pertenece a clases medias o bajas y apenas el 15% sería de clase media alta o alta. Pero además, un reciente análisis de la consultora Zurbán Córdoba muestra que el 76% de los consultados no coincide con esa afirmación de Milei de que “los pobres no llegan a la universidad”, que más del 80% considera que la universidad pública sigue siendo una herramienta de ascenso social y que incluso entre sus propios votantes el 65% defiende al educación pública.
Otro de los arietes discursivos del oficialismo para su ofensiva contra la universidad es el tema de una presunta resistencia a las auditorías, instalando una sospecha sobre supuestos gastos turbios o injustificados, un planteo amplificado infinitamente por medios afines al Gobierno. Sin embargo, se omite decir que según la vigente Ley de Educación Superior, las universidades realizan constantemente auditorías internas y sus gastos (con más del 90% de sus presupuestos destinados al pago de salarios) son de acceso público.
Además, si no se realizaron auditorías estatales todavía es pura responsabilidad del Gobierno, ya que el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem no dotó oportunamente de personal a la Auditoría General de la Nación (el organismo dependiente del Congreso responsable de las auditorías). Para subsanar este problema en los últimos días, el Gobierno publicó una resolución autorizando a la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, a realizar estas investigaciones, proceso al que ninguna universidad se opone.
Otra semana de paro en las universidades nacionales por una urgente recomposición salarial
Otro intento de deslegitimación del masivo reclamo social contra el veto es el de la presunta violencia estudiantil. En los últimos días el Jefe de Gabinete Guillermo Francos advirtió: “En la década del ’70 también se tomaban universidades. Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión”. El planteo no sólo busca asociar desmesuradamente los reclamos actuales con la violencia política de los años setenta sino que incluso lo hace de una forma tal que termina justificando el genocidio de la dictadura cívico-militar, que simplemente habría sido “generado” por el maximalismo estudiantil.
En el mismo sentido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien sí fue parte de aquellos movimientos guerrilleros en su momento, intentó sembrar el miedo en relación con las movilizaciones de este miércoles, alertando sobre el riesgo de que los estudiantes vayan a utilizar bombas molotov, para ir hacia una dinámica de enfrentamiento “a la chilena” (en referencia a la lucha juvenil callejera del país vecino en los años 2019 y 2020). La masividad y dinámica pacífica de las masivas movilizaciones (incluyendo la llamada «marcha de las velas», que concentró frente al Ministerio de Educación en CABA y la multitudinaria marcha realizada en La Plata) le dieron un nuevo desmentido.
La protesta universitaria sigue creciendo en masividad y apoyo social, desarticulando todas las maniobras discursivas y fake news del oficialismo y anticipando nuevas instancias de reclamo. Desde el Frente Sindical Universitario se anticipó que los días lunes y martes de la próxima semana serán jornadas de visibilización del conflicto, con una convocatoria a una nueva gran movilización para el próximo 22 de octubre.
