Es el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas en medio de una profunda necesidad económica derivada de la pandemia. Impuesto Patria, es el nombre del proyecto que presentaron los legisladores nacionales de extracción sindical para que los sectores con mayor capacidad contributiva hagan un aporte extraordinario para afrontar la crisis económica que desató el coronavirus.
Basado en el argumento de “pedir un esfuerzo mayor a quienes están en mejores condiciones para afrontar esta crisis”, los diputados sindicales firmaron en forma conjunta un proyecto de ley para que el Estado pueda tener recursos extraordinarios que permitan afrontar las necesidades sanitarias y atenuar la profunda crisis económica que generaron principalmente las medidas de aislamiento.
El destino de los recursos tendrá como prioridad atender la compra de material sanitario, la compra o elaboración de materiales de cuidados intensivos y la adquisición de cualquier elemento o material químico que ayude a elaborar test para prevenir la propagación del Covid19.
El monto recaudado, según establece el proyecto, será coparticipado entre las Provincias y los Municipios y tendrá carácter de Impuesto Único a los Bienes Personales y otro Impuesto a las Ganancias que afectará tanto personas humanas como jurídicas.
“La distribución de lo recaudado se efectuará en forma automática, entre las provincias que adhieran a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley 25.548 (Ley de Coparticipación Federal)”, señala el Proyecto.
Para el caso de los bienes personales el proyecto detalla, “se establece por única vez un tributo a toda persona humana o las sucesiones indivisas (…) sobre los bienes existentes al 31 de marzo 2020 superen los 10 millones de pesos”. La alícuota será del 1,25% para aquellos que registren bienes en el país y del 1,75% para los que lo tengan en el exterior.
En cuanto al gravamen de Ganancias afectará a toda “persona humana o jurídica cuya rentabilidad neta supere los 50 millones de pesos según los datos relevados por los organismos oficiales”. Allí el gravamen alcanzará “el 10% de lo declarado en la respectiva declaración jurada de ganancias”.
El objetivo es que los recursos también lleguen a los Municipios, “las Provincias deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a los que les destina a la Coparticipación federal de impuestos. Dicha proporcionalidad no podrá nunca significar un reparto inferior al 30% del total de los fondos que a la Provincia se destinen por su adhesión a la norma”.
El proyecto lleva la firma de los legisladores del Frente de Todos de extracción sindical: Walter Correa (trabajadores del Cuero), Vanesa Siley (Judiciales), Claudia Ormachea (Bancarios), Patricia Mounier (Docentes Privados), Carlos Cisneros (Bancarios), María Rosa Martínez, todos de la Corriente Federal de Trabajadores). También el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, Pablo Carro (CTA Córdoba), Facundo Moyano (Peajes) y Carlos Ponce (Químicos).
