Según detallaron desde el Gobierno nacional, en los seis meses de vigencia del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) ya se invirtieron 207 mil millones de pesos para cubrir el pago del 50% de los salarios de trabajadores del sector privado. Otros $202 mil millones se destinaron al Salario Complementario y $5 mil millones (sin incluir septiembre) fueron para + Créditos a Tasa Subsidiada para las empresas.
Desde el inicio de la cuarentena, a mediados de marzo, ya se pagaron seis ATP, con criterios de adhesión que se fueron modificando de acuerdo a los ritmos de reactivación productiva y de difusión epidemiológica. El ATP I del mes de abril fue recibido por 235.140 empresas (2.273.980 trabajadores), con más de $48.000 millones. El ATP de mayo fue para 239.355 empresas (2.034.437 trabajadores), con una inversión estatal de $42.000 millones. El ATP III, de junio, fue a 211.149 empresas (1.816.275 trabajadores), con más de $33.000millones. El ATP de julio benefició a 131.190 empresas (1.372.505 trabajadores) y los créditos a Tasa Subsidiada a otros 165.302 trabajadores de 12.402 firmas, con una inversión total de $29.000 millones
El ATP V, que incluyó el Salario Complementario, benefició a 1.421.161 trabajadores de 133.320 empresas y 115.631 salarios se pagaron con asistencia de los Créditos a Tasa Subsidiada, gracias a $30.000 millones del Estado El ATP de septiembre fue para 124.160 empresas (1.291.970 trabajadores) y se prevé destinar unos $26.000 millones para el pago del salario complementario, que se sumarán a los fondos asignados a los Créditos a Tasa Subsidiada, que aún resta consolidar.
Según análisis oficiales, estas políticas contracíclicas “fueron relevantes para preservar los puestos de trabajo”, considerando que la caída de la población ocupada entre el segundo trimestre 2020 y el segundo trimestre 2019 se debe sobre todo a la caída del empleo no registrado (-43,4% en términos interanuales) y del trabajo independiente (-29,4%). El empleo registrado, en cambio, apenas retrocedió 4,6% en los 31 aglomerados urbanos relevados en la Encuesta Permanente de Hogares, cifra que se reduce al 3,3% proyecta a todas las zonas urbanas del país.
Desde el oficialismo también consideran que la prohibición de los despidos sin justa causa y la aplicación de suspensiones colectivas reguladas por el acuerdo entre UIA y la CGT constituyeron otros factores relevantes para la defensa del empleo y los salarios.
