La desafiliación sindical, un objetivo que se fijó desde sus inicios la gestión libertaria, tiene su principal punta de lanza en la administración nacional (ex AFIP), hoy convertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y en la propia actividad aduanera, órganos del Estado que el oficialismo busca unificar en el entrecruzamiento de datos y funciones, pero que hasta aquí ejercen actividades diferenciadas.
Ambos espacios públicos cuentan con una masiva presencia de trabajadores de alta formación profesional, con un acceso directo a información sensible en varios aspectos y un ingreso salarial por encima de la media dentro del actual contexto de fuerte retroceso del poder adquisitivo, en prácticamente todos los sectores y que SUPARA y los sindicatos de AFIP vienen enfrentando con medidas de fuerza.
Aduaneros confirman 4 días de paro y “apagón informático” en medio de la incertidumbre cambiaria
De hecho, tanto el Sindicato de Personal Aduanero, como el gremio de los trabajadores de AFIP, sostiene un conflicto salarial, que incluyó acciones directas como el “apagón informático”, que alcanzó un fuerte impacto de efectividad y produjo gran malestar en las máximas autoridades de gobierno, con destacada presencia en estas oficinas y despachos públicos. A partir de ahí, el Poder Ejecutivo puso en marcha una campaña para la desafiliación sindical, habilitando la opción digital de un canal, que promociona supuestos beneficios para aquellos trabajadores que decidan dejar de pertenecer a las organizaciones sindicales.
Los gremios catalogan este lanzamiento del gobierno como “una intromisión ilegítima en la vida interna de los sindicatos”, ya que “vulnera la autonomía sindical y constituye un acto de injerencia patronal prohibido por las leyes laborales argentinas y los tratados internacionales ratificados por nuestro país”. En este sentido, denuncian que “la patronal no tiene competencia legal para administrar, procesar ni gestionar decisiones de afiliación o desafiliación”, ya que se trata de “un derecho personal y voluntario del trabajador”. “Su único rol” –reclaman-, “es aplicar los descuentos que correspondan, una vez que el sindicato la notifique formalmente”.
Asimismo, exhiben la propia Constitución Nacional, la ley de Asociaciones Sindicales y los Convenios 87 y 98 de la OIT, donde “se protege la libertad sindical y se prohíbe cualquier interferencia por parte del empleador en la organización y afiliación de los trabajadores”. El comunicado conjunto inter sindical destaca por último que este accionar desde el Estado, “tiene una desafortunada similitud con épocas nefastas y oscuras de la Argentina, cuando el proceso militar de reorganización nacional atacó a las estructuras sindicales, propiciando la desafiliación de sus trabajadores y despojándolos de todos sus derechos y libertades”.
