El Gobierno, a través del Ministerio de Producción y Trabajo, se despegó de la decisión de intervenir el SUPA (Sindicato Unidos Portuarios Argentinos) y difundió el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordena la injerencia. Para los jueces, Juarez y su conducción son autores de los supuestos delitos de «asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por habitualidad».
El gremio sostuvo que el ruido que generó la flamante intervención del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto, liderado por Jorge Vargas, «tras lo que fue la escandalosa detención de «Herme «Vino Caliente» Juarez, provocó sorpresa». En este sentido, el colectivo sindical señaló que esta determinación se otorga cuando «a los funcionarios de la cartera les queda un mes en funciones».
Con respecto a la decisión judicial, que lleva la firma de los jueces Héctor Guisado y Manuel Pablo Diez, efectivamente se resuelve «la suspensión en el ejercicio de sus funciones de quienes integran el órgano de conducción y autorizando la designación, por parte de la autoridad administrativa, de un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades aludidas en el presente pronunciamiento y todo ello por el plazo de 180 días corridos».
El fallo se vale de la investigación que realizó la Justicia Federal de Campana que procesó y dictó la prisión de «Vino Caliente», y consigna que «se encuentra acreditado con grado de probabilidad» que Herme Juárez y Oscar Juárez, con la participación de Luis Bunello, miembro del sindicato y de Ramón Jerez, abogado del sindicato, llevaron a cabo en la esfera propia de sus incumbencias múltiples conductas extorsivas «…valiéndose del componente gremial para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de la estructura».
«Se habrían servido de la estructura del sindicato con fines espurios», agregan los magistradoss y presenta a los gremialistas como «coautores materiales y penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal», añade.
Para los letrados, los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos fueron materializados sirviéndose del sindicato con fines espurios, por ello autorizan la intervención de la autoridad administrativa.
