En las últimas horas el Gobierno nacional volvió a cargar contra el sector científico y universitario del país, por medio de la Resolución 10/2025, que recorta fondos para investigaciones científico-técnicas y dando por “finalizadas” aquellas que no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”. La medida apunta explícitamente contra las investigaciones en ciencias sociales o aquellas relacionadas con el calentamiento global.
“Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”, detalla el texto firmado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos.
En el marco de esta nueva ofensiva, se evaluará «la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objeto de resolver, o no, su continuidad», aceptándose la continuidad automática sólo de los proyectos que estén desarrollados en más de un 30%. El objetivo es recortar 1867 millones de pesos que hoy se destinan a la investigación en 70 programas sociales que desde el oficialismo afirman que “no cumplen con el grado de pertinencia y aporte efectivo al desarrollo”. Otro de los ejes de investigación cuestionados como “no estratégicos” es el relacionado con estudios sobre el cambio climático (una decisión insólita en medio de las olas frío récord o de temperaturas inusuales para la época, que propician incendios forestales como los que hoy están asolando a los Estados Unidos).
La resolución fue criticada en duros términos por organizaciones como la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), los Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI), que consideran que “plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional”. En el mismo sentido, añaden, la medida “refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.
Luego de alertar sobre las “graves consecuencias” de una resolución que “compromete directamente la estabilidad laboral y el desarrollo de las carreras profesionales de las trabajadoras y los trabajadores de la investigación y la ciencia argentina”, se llama a la comunidad universitaria, científica y al conjunto de la sociedad a “mantenerse alerta y movilizada en defensa de la educación pública, la ciencia y la tecnología, pilares esenciales para el progreso y el futuro de nuestra nación y el bienestar del pueblo argentino”.
