De acuerdo a un decreto publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional de Javier Milei volvió a postergar su plan de privatizaciones, pero no por haber reconsiderado la estrategia de fondo de desprenderse de numerosas empresas estatales sino porque no se llegaron a cumplimentar los procedimientos legales y administrativos requeridos. El esquema oficial prevé que las empresas estatales, antes de ser privatizadas, se transformen en Sociedades Anónimas, proceso para el que ampliaron los plazos en otros dos meses.
En el plan original del Gobierno de La Libertad Avanza se preveía que ya en los primeros seis meses de gestión iban a estar cumplidos estos requerimientos legales y técnicos para avanzar con el plan de privatizaciones, pero a fines del primer semestre el plazo se extendió hasta fin de año, volviéndose a ampliar dos meses en esta semana. «La gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias», se plantea en el Decreto 1120/2024.
Luego de avanzar con la conversión de las empresas estatales en sociedades anónimas, el Poder Ejecutivo podrá directamente ponerlas en venta por medio de un proceso licitatorio, para lo que necesita la aprobación del Congreso, lanzar una oferta pública inicial para sacar al mercado de capitales las acciones de las compañías en cuestión, ceder parte de las empresas a sus trabajadores (como se había planteado para el caso de Aerolíneas Argentinas) o directamente cerrarlas y poner a la venta sus terrenos por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En paralelo, según un comunicado oficial de la Asociación Bancaria, en vísperas de las celebraciones de fin de año, el presidente del Banco Nación Daniel Tillard ratificó, en un mensaje dirigido a los trabajadores, la intención explícita de vender el Banco Nación, por lo que desde la organización gremial denunciaron que además «la intención final de las actuales autoridades no es modernizar, ni optimizar el BNA, sino debilitarlo para su posterior privatización». En este sentido, según afirman desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo, a la entidad banciara nacional se le están «quitando depósitos, achicando la red de sucursales y desmantelando la línea de funcionarios».
