El gobernador bonaerense Axel Kicillof, acompañado por algunos de sus ministros, se reunió con representantes de entidades rurales de la provincia para analizar la evolución del delito rural, instancia en la que coincidieron en que las rupturas de silobolsas que se estuvieron difundiendo durante las últimas semanas no se explican por motivos políticos o ideológicos, como se quiso hacer trascender.
Acompañaron a Kicillof el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez y el de Seguridad Sergio Berni, que continuaron la conversación con los dirigentes de las entidades rurales Carbap, Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA) después de que el gobernador se retiró del encuentro por cuestiones de agenda.
Según trascendió, fue el propio gobernador el que sacó el tema de las silobolsas, que cobró una cierta notoriedad mediática en las pasadas semanas. El funcionario confirmó que en territorio bonaerense se denunciaron 18 casos y aseguró que la mitad de ellos habían sido aclarados, determinando que no respondían a ningún tipo de intencionalidad política.
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“¿Por qué nos beneficiaría a nosotros la rotura de silbosas? Si lo que buscamos por todos los medios es incentivar la producción en la provincia”, manifestó Kicillof, dando cuenta también de que una de las estrategias oficiales para la pospandemia pasa por fortalecer la relación con el campo, como uno de los motores de recuperación económica y generación de divisas.
Voceros de las entidades presentes en el encuentro reconocieron que comparten punto de vista con Kicillof, detallando que en muchos casos las roturas responden a la acción de animales o, en algunas circunstancias, incluso a problemas personales de los trabajadores rurales con los dueños de los campos, lo que no puede explicarse por una intencionalidad política.
En la reunión se acordó avanzar con la creación de un mayor número de fiscalías temáticas en distintos puntos de la provincia, que puedan atender éstas y otras problemáticas rurales, con profesionales con conocimiento de la legislación sobre cuestiones que afectan al campo.
Ya a fines de junio la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic había tenido un encuentro por teleconferencia con representantes de cerca de 40 entidades de la cadena agroindustrial para analizar las distintas denuncias sobre hechos delictivos en las zonas rurales, instancia en la que la funcionaria aclaró: “Los casos de inseguridad en los campos son delitos que se investigan como tal y que no están relacionados a cuestiones ideológicas”. Pocos días después el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa elaboró un proyecto de ley que propone penas de hasta cinco años de prisión para aquellos que ataquen silobolsas o causen daños a las cosechas, hecho que fue respaldado públicamente por las distintas entidades rurales que exigieron su acelerado trámite parlamentario.
