En el marco del gravísimo impacto económico que está generando la epidemia de coronavirus, el Gobierno nacional de Alberto Fernández está preparando el lanzamiento de otra importante moratoria para las deudas acumuladas por impuestos y seguridad social al 30 de mayo, cuyo proyecto sería enviado próximamente al Congreso. A diferencia de la moratoria hoy vigente, que apunta principalmente a las PyMEs, se propone que ésta abarque un universo mucho mayor de personas físicas y jurídicas.
El proyecto de ley se girará en los próximos días al Congreso Nacional, contemplando una moratoria para las obligaciones impagas al 30 de mayo. Los contribuyentes podrán anotarse en julio y agosto para comenzar a pagar recién a partir del mes de noviembre. Los diputados del Frente de Todos fueron los que le propusieron la iniciativa al Presidente, que la avaló y encomendó al Gabinete económico que ajuste los detalles.
El Gobierno extendió hasta fin de año la prohibición de corte de servicios por falta de pago
El reclamo de refinanciación para las deudas acumuladas nació sobre todo de cámaras empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), que vienen denunciando la difícil situación que atraviesa el sector industrial en el marco de la epidemia.
Según se anticipa, el proyecto sería muy amplio, abarcando sin distinción a grandes empresas, particulares y PyMEs, en un importante esfuerzo por parte del Estado, que además de los aportes que viene sosteniendo por la vía del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) ahora renunciaría a significativos ingresos para buscar que el sector productivo no se resienta tanto.
La moratoria vigente al día de hoy (aprobada por el Congreso en diciembre de 2019, en el contexto de la ley de Solidaridad Social y reactivación productiva), cuyo plazo de inscripción vence a fin de mes, es para deudas contraídas hasta el 30 de noviembre de 2019 y para anotarse hay que obtener el certificado Mi Pyme. Pero, según trascendió, la próxima moratoria sería más amplia y tomaría en cuenta las deudas acumuladas durante los últimos seis meses.
