La posibilidad de que los precios de las naftas se congelen por 90 días, medida que es resistida por las petroleras y fue anunciada por el Gobierno, puede ser llevada a cabo gracias a la Ley de Abastecimiento que elaborada en 1974 y que fue utilizada por Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio del kirchnerismo.
Distintas fuentes oficiales adelantaron que si bien resulta “antipática” aplicar la legislación, “no hay alternativa” para paralizar los precios, algo que estableció el presidente el miércoles, con el objetivo de “aliviar” la situación de la población. Gustavo Lopetegui, secretario de Energía, oficializará la decisión este viernes.
De este modo, la medida congela el precio en los surtidores en base al barril Brent a u$s59 y el dólar a $45,19, los valores del viernes 9 de agosto pasado. El precio del litro de nafta súper de YPF quedará establecido en $43,81 en la Ciudad de Buenos Aires hasta el 15 de noviembre próximo.
Las petroleras ya manifestaron su disconformidad. Ante el salto del dólar a 60 pesos argumentaron que debían actualizar precios para mantener margenes de ganancia. Por otro lado, voceros de las compañías dejaron en claro que es imposible trabajar, como pretende la Casa Rosada, con barril criollo de 59 dólares pero a un tipo de cambio de $45,19.
Las petroleras ya rechazan el congelamiento de combustibles que impulsa el Gobierno
Con la falta de acuerdo con Lopetegui, y con el rumor de que se aplique la Ley de Abastecimiento, las firmas ya elaboraron un documento en el que le piden al funcionario no avanzar con la utilización de la legislación. La fijación de precios, esgrimen, terminará “seguramente en una caída de la actividad y revisión de los planes de inversión ya comprometidos”. También consideran que peligran inversiones en Vaca Muerta.
En este escenario, las empresas no descartan “acudir a las instancias administrativas y/o judiciales que consideremos pertinente a los efectos de defender nuestros derechos conforme la Constitución Nacional y legislación aplicable en la materia”. Desde la Casa Rosada contestan que hipotéticos reclamos no tienen ningún sustento legal.
