En el marco de una crisis inédita debido a la propagación del Coronavirus, con más del 20% de los trabajadores de la salud infectados, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, ideó un decreto en el que estableció sanciones económicas para los empleados sanitarios que incumplan con las indicaciones oficiales. Pero dio marcha atrás con celeridad.
La provincia se encuentra con su sistema de salud colapsado y con falta de trabajadores sanitarios, con cientos de contagiados. Ante esta situación, el mandatario dictó un decreto por el cual estableció multas de entre 40 mil y hasta 1 millón de pesos, más la amenaza de “arresto o inhabilitación”, para los trabajadores de la salud –del sector público o privado– que no respeten las indicaciones del gobierno respecto a reasignación de tareas, reubicamientos y traslados.
La decisión despertó una ola de críticas. Nicolás Fernández, titular de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), repudió “la actitud persecutoria y punitiva del gobierno para con las trabajadoras y trabajadores de la salud».
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Para Pablo Suárez Zorrilla, un terapista intensivo que presta servicios en el hospital “Oscar Orias”, de la ciudad de Libertador General San Martín, indicó ante Página/12 que se trata “de una clara muestra del autoritarismo y la soberbia del ministro de Salud de la provincia al intentar amedrentar a todos los trabajadores que intenten pensar diferente y desnudar este sistema sanitario”.
Otras organizaciones sindicales que representan a médicos expresaron su rechazo a la medida y advirtieron que podrían ir a un paro. Además el Colegio de Psicólogos de Jujuy señaló en un comunicado que “bajo la supuesta idea de un incumplimiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud ante la concurrencia o prestación efectiva, se pretende perseguir y silenciar a quienes están luchando con todas sus fuerzas en esta pandemia”.
Por eso, la administración Morales tuvo que dar marcha atrás y emitió un DNU que establece que «en atención a que se logró superar las dificultades que lo originaron, el Ministerio de Salud anunció la derogación a partir del 3 de septiembre del Decreto». No obstante, el Ministerio de Salud llegó a aplicar a 3 médicos sanciones económicas y disciplinarias por negarse a trabajar en lugares de atención a pacientes de COVID-19.
