A través de la resolución 272, el Gobierno busca reglamentar medidas contra el régimen de contratación laboral que rige las normas de la ley de trabajo para las productoras culturales y de medios periodísticos. Una de estas acciones se cristaliza con la intención de poner fin a la obligación de estas empresas de servicios audiovisuales, entre otras, de presentar el «libre deuda sindical», decisión criticada por los gremios del sector por su avance «sobre los derechos de los trabajadores», que paralelamente implica desactivar herramientas sindicales de representación de la fuerza laboral en las discusiones con sus empleadores.
Según SUTEP (Espectáculo Público), SATSAID (televisión, produccion audiovisual, interactivos y datos), la Asociación de Actores y Actrices y el Sindicato de los Técnicos y Personal cinematográfico, junto a las confederaciones que los nuclean, CATE y COSITMECOS, estas medidas instalan el peligro a que se aliente el pago informal o no registrado de honorarios y sueldos, o se instrumenten salarios fuera de todo convenio, con un total incumplimiento de los acuerdos de contratación.
Desde la administración libertaria se ataca a los gremios de manejar cajas de recaudación, pero esos aportes de cargas sociales son los recursos que garantizan las normas de seguridad e higiene en los ámbitos laborales, además de sostener las coberturas de salud y previsionales para sus afiliados.
En este sentido, los gremios cuestionaron al Gobierno por su «ignorancia y prejucio», al tiempo que anunciaron distinto tipo de medidas de protesta «para frenar este atropello a conquistas y derechos laborales». En principio esta resolución va sobre la Ley de Cine, sustento de la producción cinematográfica en nuestro país, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
