El Gobierno nacional decidió desplazar a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), un organismo clave para la relación con los gremios en tanto es el encargado de la regulación a las obras sociales y prepagas. La lectura sindical de esta decisión apunta a una “revancha” contra los gremios por el contundente paro y movilización de este miércoles.
Los desplazados fueron Enrique Chiantore y Nicolás Striglio, designados hace menos de un mes en la SSS. El argumento oficial es el de supuestas “diferencias de criterios” en cuanto a la forma de aplicar los cambios requeridos por el oficialismo, no habiendo cumplido con los objetivos fijados para la primera etapa de la gestión.
La SSS es el organismo de control de las obras sociales nacionales (sindicales y empresariales, que son casi 300) y de las prepagas (excluyendo al PAMI y a obras sociales provinciales como IOMA), además de manejar el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja de unos 55.000 millones de pesos para el reintegro de fondos que las obras sociales adelantan para cubrir tratamientos de alto costo (por ejemplo, oncológicos), además de gastos de salud, educación y transporte de las personas con discapacidad.
Este jueves se confirmaron las nuevas autoridades mediante la publicación de una resolución en el Boletín Oficial, designando como nuevo superintendente a Gabriel Oriolo (licenciado en Administración de Empresas, con una carrera vinculada al sector previsional y de los seguros, además de ex director en OSDE) y a Claudio Stivelman (médico con experiencia en el manejo de obras sociales por su cargo como gerente del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) como gerente general del organismo.
Confirmando una profunda desorganización oficial, la decisión (aparentemente tomada por el propio presidente Javier Milei a instancias del Jefe de Gabinete Nicolás Posse y de su asesor Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes) sorprendió no solo a los funcionarios desplazados sino también a las autoridades del super Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Petovello, que se enteró después de los hechos.
El propio Chiantore, cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, consideró la decisión “muy dolorosa”, sobre todo por la modalidad: “Yo puedo entender que Lugones quiera poner gente de su equipo en el cargo, pero esta no es la manera. No se recibí ninguna explicación de nadie. Y hubiera sido simple. Me llamaban y me pedían la renuncia. Esta no es la forma. Fue un destrato completamente innecesario”.
Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni descartara que el cambio fuera motivado por una decisión oficial de endurecer la relación con los gremios, removiendo funcionarios más “dialoguistas” para reemplazarlos por otros más “intransigentes”, lo cierto es que el sector sindical lee los cambios en esa clave, como una respuesta directa a la contundencia de la medida de fuerza que se llevó adelante este miércoles.
