El Gobierno, a través de Alberto Fernández, anunció la estatización de la exportadora de granos, harinas y aceites Vicentin, que se encuentra en concurso de acreedores y tiene una deuda de $100.000 millones. Los puestos de trabajo no correrán riesgo, indicó el Presidente.
“Argentina necesita de soberanía alimentaria, firmaré un decreto para intervenirla”, aseveró Fernández junto al ministro de Producción, Matías Kulfas, el próximo interventor de la compañía, Gabriel Delgado, un economista del INTA de mucha confianza de Fernández, y la senadora del Frente de Todos Anabel Sagasti.
Y continuó diciendo que “el Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúa funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden lo que producen”.
Y declaró que “este es un tema que venimos trabajando desde hace días con la senadora Anabel, mi amiga, y con Matías Kulfas, trabajaron entre ellos a partir de una idea de Anabel, la idea de la intervención y de la expropiación del grupo. Con lo cual les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión a YPF AGRO”, detalló el Presidente.
La firma agroexportadora de Santa Fe tuvo graves inconvenientes financieros. El pasado 4 de diciembre de 2019 se declaró en cesación de pagos y en febrero solicitó la apertura de su concurso de acreedores.
En ese entonces, declaró tener 2600 acreedores por una suma denunciada total de casi $100.000 millones. En marzo, un juzgado de Reconquista resolvió la apertura del concurso para renegociar la deuda.
La capacidad económica que posee la compañía es innegable: es el primer exportador de aceites y harinas y contiene una capacidad de molienda propia de 20.500 toneladas más otras 10.000 toneladas por una participación en Renova, que comparte con el grupo Glencore.
Por otro lado, la firma se vio envuelta en un escándalo bajo la gestión Macri: las autoridades del Banco Nación le permitieron a la cerealera acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas que rigen el funcionamiento de la entidad bancaria. Un hecho que actualmente es investigado por la Justicia por posible defraudación que involucra a quien presidió el BN, Javier González Fraga, y también a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentín.
Referentes políticos y sociales piden que Vicentin sea una “empresa pública no estatal”
