El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que logró el gobierno de Javier Milei, incluye una serie de cláusulas muy negativas para el país, incluyendo planes de reforma previsional con extensión de la edad jubilatoria, avances en la reforma laboral con más flexibilidad y precarización, ajustes drásticos en el gasto social y los subsidios y un plan de privatizaciones de empresas clave.
Aunque muchas de estas exigencias hacen parte del programa habitual del organismo financiero internacional, es llamativo que el nuevo préstamo a nuestro país fue criticado incluso por el propio staff del FMI, sin haber obtenido siquiera el aval del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación (SPR). Su directora, Ceyla Pazarbasioglu, incluso cuestionó públicamente la nueva transferencia de fondos, alertando sobre la falta de sustentabilidad y la decisión plena de irregularidades (que avanzó por motivos políticos, ya que el gobierno de Donald Trump busca fortalecer a un gobierno afín en el Cono sur).
La nueva era de las privatizaciones arranca con la entrega de IMPSA a una empresa vinculada a Trump
Más allá de estos cuestionamientos, el programa acordado incluye profundas reformas estructurales (con las que se avanzaría sobre todo después de noviembre de este año, pasadas las elecciones intermedias), comenzando por una reforma previsional, con aumento de la edad jubilatoria y la cantidad de años de aportes (lo que impactaría directamente sobre millones de trabajadores). Además, se propone revisar los llamados regímenes “especiales” de jubilaciones tempranas (como en el caso de docentes, trabajadores de la construcción y fuerzas de seguridad).
Otro eje central del plan pasa por un agresivo plan de privatizaciones, buscando una «reducción del tamaño del Estado» y una «mayor participación del sector privado en áreas estratégicas». El oficialismo ya había intentado avanzar con la privatización de empresas estatales clave, como Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación, lo que fue frenado por la acción gremial y distintos amparos judiciales. En principio, el informe técnico oficial del Fondo exige “publicar un informe sobre las empresas estatales incluidas en la Ley 27.742 (Ley Bases), junto con una hoja de ruta para su privatización y concesiones, elaborada por la Agencia de Transformación de las Empresas Estatales”. Las empresas incluídas en la Ley Bases (luego de un recorte del listado más amplio del DNU 70) son Energía Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Más del 40% de los trabajadores del país se desempeñan en condiciones de informalidad laboral
Otra exigencia es la eliminación de casi todos los fondos fiduciarios aún vigentes, incluyendo el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte (FFSIT), Procrear (vivienda), el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, el Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo para el Desarrollo Provincial, Fondep y Fogar. Sólo se mantendría el fideicomiso para subsidios a usuarios residenciales de gas de las zonas frías del país. Previo al acuerdo, el oficialismo ya había eliminado el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Fondo Fiduciario para Cobertura Universal de Salud (FFCUS) y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, entre otros.
Además de reformas tributarias y eliminación de subsidios (sólo se mantendría un subsidio energético para hogares de bajos ingresos), en el área laboral, el Fondo reclama cambios en la legislación laboral, esperándose flexibilizaciones para negociar salarios y simplificaciones para el despido. También se exige una reforma regresiva del monotributo, pasando al régimen general, lo que dejará aún más desamparados a millones de trabajadores que hoy pagan este tributo. En cuanto al gesto social, se apuntará a “mejorar la focalización y la eficiencia”, lo que siempre implica ajustes y recortes de partidas.
