Cumplido un año de la aprobación en el Congreso de la llamada Ley Bases, que incluía las facultades delegadas o “superpoderes” para el Poder Ejecutivo, que le permitieron avanzar en una profunda reestructuración de diversos organismos del Estado sin requerir autorización parlamentaria, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger destacó la importancia de las mismas para “acelerar un programa de reformas”. Aunque hay dudas de la continuidad del funcionario en un Gobierno ya sin esas herramientas, anticipó planes para continuar revisando más de 700 mil decretos y leyes. El proceso que comenzó con el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) hace un año terminó esta semana con la liquidación de Vialidad Nacional. En el medio, una devastación del Estado sin precedentes.
Sturzenegger reivindicó el proceso que comenzó con el cierre del Inadi (definido como “el emblema del uso político del Estado, un aguantadero de la casta” y terminó con la disolución de Vialidad Nacional (“el emblema de la corrupción kirchnerista”). En cuanto a Vialidad, explicó defendió su división en tres áreas planteado que apunta a “corregir el problema estructural que tiene, que era un organismo que se controlaba a sí mismo”. De conjunto, como balance de un año de “facultades delegadas”, celebró el avance con 101 medidas “que nos permiten hacer una profunda transformación del Estado y en conjunto ahorrar unos 2 mil millones de dólares, que es dinero que le devolvemos a los contribuyentes”.
Las medidas impulsadas por Milei y Sturzenegger implicaron no sólo una catástrofe en términos educativos o sanitarios (en estas semanas continúa la lucha de los gremios universitarios y de los integrantes del sistema científico, que sufrieron pérdidas salariales de casi un 50%, además del reclamo de los trabajadores de la salud, que desde el Garrahan se extiende a nivel nacional), sino también decenas de miles de despidos (casi 50 mil) en organismos como el ya mencionado Inadi, todo el desaparecido Ministerio de la Mujer y las diversidades, buena parte del personal del área de Derechos Humanos (con el cierre de centros de la memoria y recortes en la Secretaría de DDHH), trabajadores de Parques Nacionales, miles de contratados en los Registros del automotor, etcétera. A esto se suman el cierre de institutos nacionales, de numerosos organismos con fines sociales y los planes de privatización del Banco Nación, de Aerolínas Argentinas, del sistema de medios públicos y otros
Después de esta masiva estela de destrucción a lo largo de un año, en los últimos días presenciamos el intento de fusión INTA-INTI, cuestionada hasta por la Mesa de Enlace agropecuaria por el impacto negativo que tendrá la eliminación de los aportes clave de la institución en investigación y desarrollo; así como también el reciente anuncio de la destrucción de Vialidad, que no sólo implicará cientos de despidos sino un inaceptable aumento de la inseguridad en las rutas nacionales. Con Sturzenegger o sin él, habrá que ver cómo se ubica el Congreso nacional en esta nueva etapa de relación con un Gobierno que ya no cuenta con superpoderes para aplicar la “motosierra”.
