El Enargás cuestionó la dolarización del gas y denunció penalmente a Aranguren

Este jueves el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) Federico Bernal confirmó la denuncia penal contra el ex titular del Ministerio de Energía y Minería Juan José Aranguren y parte de su equipo por la dolarización de las tarifas de gas, que habría generado un perjuicio económico de más de 560 millones de dólares (393 millones contra el fisco y el resto contra usuarios del servicio).

La denuncia, que plantea una posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, por los artículos 248 y 265 del Código Penal, recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.

También fueron denunciados el exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos de la cartera energética Marcos Porteau, el expresidente del Directorio del ENARGAS Mauricio Roitman y otros integrantes del entonces Directorio del Ente Regulador por la aprobación de las denominadas “Bases y Condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”, que fueron establecidas durante la gestión nacional del ex presidente Mauricio Macri.

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“Ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica y la plena vigencia de la Ley 24.076 (Ley del Gas) y normas reglamentarias y complementarias, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo, el ENARGAS en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar ese acuerdo (las referidas “Bases y Condiciones”) lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018”, se expresó desde el ENARGAS.

El comunicado añade: “Así, en octubre de aquel año al momento de devaluarse la moneda argentina respecto del dólar, se pretendió, mediante las famosas 24 cuotas que impulsó el otrora Secretario de Gobierno de Energía Javier Iguacel, que la variación del valor de cambio fuera absorbida por los usuarios y las usuarias en cuotas en sus facturas, lo que mereció el repudio generalizado y hasta la promoción de denuncias penales. Esto derivó, conforme Decreto 1053/2018, en la absorción por parte del Estado Nacional de aquel acuerdo ruinoso para los bolsillos de los usuarios. Esto es, todo el pueblo argentino en calidad de contribuyente haciéndose cargo de la deuda generada”.

Bernal sostuvo que “Aranguren y otros ex funcionarios habrían violado la Ley del Gas, atando a los usuarios y las usuarias a una concertación ‘contractual’, con precios en dólares, unificados por cuenca, en una escala ascendente pactados a dos años y variables según el tipo de cambio, precios que luego se trasladaron a la tarifa. Por cierto, algo inédito en la historia de la comercialización del gas. Esta denuncia me corresponde no solo como funcionario público en ejercicio y en razón del artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, sino también por las obligaciones que surgen del Decreto 278/20 dictado por el Presidente Alberto Fernández conforme la Ley 27.541”.