Mientras los incendios en la Patagonia continúan destruyendo miles de hectáreas de bosque y poniendo en riesgo a los habitantes de la zona, siempre con sospechas sobre negocios inmobiliarios y agropecuarios como impulsores del fuego intencional, también se multiplican las denuncias contra el desfinanciamiento aplicado por el gobierno de Javier Milei sobre organismos como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y los cientos de despidos de reservistas y trabajadores de Parques Nacionales.
Organizaciones ambientales y brigadistas que hoy combaten el fuego en localidades como El Bolsón o Lago Puelo (como ya sucedió también en el mes de septiembre en la provincia de Córdoba) denuncian que esta nueva crisis es el resultado directo de la reducción drástica del presupuesto estatal destinado al manejo del fuego, ya que durante 2024 el gobierno de Javier Milei ejecutó apenas el 26% de los fondos asignados.
Además de los recortes, el oficialismo también eliminó el Fondo de Protección de Bosques, que preveía partidas presupuestarias especiales para el control y cuidado de los bosques y montes nativos. Cerca de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos vinculados con Parques Nacionales a nivel nacional permanecen sin contrato laboral estable, con decenas de despidos en los últimos meses.
Según datos oficiales, en el año 2023 el SNMF contaba con un presupuesto de 9.400 millones de pesos que se redujo a apenas 6.900 millones en 2024, de los que apenas se ejecutó una cuarta parte (según la agencia de noticias Terra Viva, en 2025 no se ejecutó absolutamente nada), decisión que dejó absolutamente sin recursos a los brigadistas responsables de combatir el fuego.
Los incendios en las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén ya destruyeron 24 mil hectáreas de bosques, más de cien casas y costaron por lo menos una vida. La falta de una respuesta nacional coordinada para la lucha contra los incendios forestales dejó en evidencia el gravísimo impacto para el medio ambiente, la propiedad y hasta la vida de la ciudadanía que tiene el programa de ajuste del oficialismo.
En ese contexto, crecen las denuncias sobre la intencionalidad detrás de los incendios. Especialmente en lo que hace al negocio agropecuarios e inmobiliario. Desde la “Asamblea No a la Mina” de la localidad de Esquel se planteó que el fuego es provocado por quienes buscan beneficiarse del cambio de uso para esos territorios, recordando que la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Milei legaliza la venta de tierras incendiadas con la derogación del artículo 517 de la Ley 27.604.
El aval oficial a estos negocios sobre la crisis ambiental se refuerza, además, con un discurso negacionista del cambio climático (también en sintonía con el presidente estadounidense Donald Trump), ya que el Presidente anticipó que nuestro país, como ya sucedió con la salida de la Organización Mundial de la Salud, también podría retirarse del Acuerdo de Paris, instancia en la que los estados buscan mitigar el impacto del cambio climático.
