El Gobierno nacional relanzó el llamado Pacto de Mayo, con una nueva reunión del “Consejo de mayo” que se llevó adelante este martes en Casa Rosada. Uno de los puntos del decálogo acordado meses atrás como bases para la “reconstrucción” del país es el de la necesidad de profundizar la reforma laboral. Pese a ser un tema muy sensible para los gremios, la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió que participe su responsable de relaciones internacionales, el titular de la UOCRA Gerardo Martínez. La elección no es casual, considerando que el oficialismo busca extender a nivel general el modelo de “fondo de desempleo” que hoy está vigente en el gremio, sobre lo que ya hay varias iniciativas en curso.
El acuerdo que el Gobierno convocó a firmar en mayo de 2024, plantea como puntos centrales el principio de “inviolabilidad de la propiedad privada”, un equilibrio fiscal “innegociable” y el aval a una reducción del gasto público “a niveles históricos”. La iniciativa oficial fue apoyada por 19 gobernadores, salvo por Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). En la reunión de este martes participaron seis consejeros, con la coordinación del Jefe de Gabinete Guillermo Francos: el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger (por el Ejecutivo); el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo (por las provincias firmantes), la senadora nacional Carolina Losada (por la Cámara Alta), el diputado nacional Cristian Ritondo (por la Cámara Baja), el presidente de la UIA Martín Rappallini (por el empresariado) y el ya mencionado Gerardo Martínez (por los gremios).
Empresarios presionan por más flexibilización laboral y menos derechos para protestar
Luego del encuentro, el titular de la UOCRA (uno de los dirigentes gremiales que mantiene un contacto más cercano con el oficialismo) remarcó que no avala de manera directa una reforma pero abrió las puertas a negociar una suerte de “modernización” laboral, que cuente con el aval cegetista. También reiteró la oposición sindical a lo que definió como la “imposición de un techo a la negociación salarial” por parte del Gobierno y a la “criminalización de la protesta”. Por su carácter “inaugural”, el encuentro no avanzó en definiciones, limitándose a confirmar una nueva reunión el próximo 20 de julio y a plantear que a fin de año se presentaría un documento conjunto con la traducción concreta del decálogo de reformas planteadas en mayo del año pasado.
Aunque Martínez insistió en que en el encuentro “se habló en general” y en que no se abordó ningún tema “en particular”, además del caracter “consultivo” y no vinculante del organismo, Rapallini anticipó su intención de avanzar con el tema: “La UIA no está planteando una reforma de las jubilaciones ni quitar horas de trabajo, estamos hablando de una modernización laboral y vamos a tener que sentarnos con la CGT a discutir y compatibilizar”, dejando clara su intención de utilizar el Consejo de Mayo como un espacio en el que “construir consensos” para avanzar en el sentido de la reforma laboral regresiva que viene impulsando el oficialismo con el pleno acuerdo empresarial.
