De cara al inicio del calendario escolar, un nuevo actor intervino en el debate de si están las condiciones dadas para que las clases presenciales puedan comenzar en las próximas semanas: la Justicia.
El hecho se dio en Ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta avanza contra reloj con el inicio de clases del 17 de febrero pero recibió un freno por parte del juez, Roberto Gallardo, titular del juzgado Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires N° 2, quien hizo lugar a un amparo de un representante gremial docente y citó a una audiencia a los ministros de Educación y de Salud de la Ciudad, Soledad Acuña y Fernán Quirós, y les reclamó información sobre los protocolos previstos para el retorno a las aulas.
Esta cuestión puso en duda el inicio de clases previsto, aunque rápidamente desde el Gobierno porteño adelantaron que recusarán al Juez Gallardo por su «manifiesta parcialidad» y sus «claras intencionalidades políticas».
Según trascendió, la recusación será presentada este mismo miércoles por la mañana a pedido del propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de una reunión con su equipo.
El amparo que presentó Romero plantea también que los grupos docentes y no docentes deben ser testeados antes de comenzar la actividad y luego testeados periódicamente, además de cuestionar que los mismos no estén incluidos en un cronograma de vacunación.
Luego de un fuerte debate sobre el carácter “esencial” de la educación, en la Ciudad avanzan con un inicio presencial de cinco días mientras que en nación serán como mínimo, tres. Varios eran los factores que hacían avanzar en ese sentido: las consultas ciudadanas hablan de una amplia mayoría de apoyo al inicio presencial de clases, los gremios, por lo menos una parte estarían dialogando con las gestiones de cada jurisdicción, se están haciendo refacciones edilicias y atentos a ingresar a los maestros en el calendario de vacunación.
De hecho, en provincia de Buenos Aires ya hay 180 mil maestros inscriptos en el listado para recibir la vacuna que previene el Covid19, y desde el Ministerio de Salud, gestionan la adquisición de dosis, ya que la Sputnik V se encuentra con demoras, justo en momentos donde la publicación científica de su efectividad era recibida con beneplácito por el Gobierno de Alberto Fernández.
