En la próxima reunión de la CGT, que aún no se sabe si abarcará a todo el Consejo Directivo, o sólo participará la “mesa chica ampliada”, se debatirán las acciones que los gremios deberán llevar adelante si deciden enfrentar de manera conjunta y consensuada el avance del gobierno nacional sobre las Obras Sociales Sindicales.
El encuentro debía realizarse el pasado lunes, pero se decidió postergarlo por falta de un consenso amplio, con la necesidad de interiorizarse en detalle de lo que implica el decreto de la administración libertaria, que a la vez que busca sacarle presencia en la administración de los fondos que aportan los afiliados para su cobertura de salud, también obliga a que vuelvan a explicitar su pertenencia a la Obra Social de su gremio.
En principio, la resolución oficial produjo un fuerte ruido de manera inmediata, a partir de no estar firmada por el titular del área de salud, Mario Lugones, ni por el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, ni siquiera por la secretaria de Gestión Administrativa Cecilia Loccisano, sino que fue rubricada por el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la cartera, Roberto Luis Olivieri Pinto; algo que desde la asesoría legal de varios gremios, ya resaltaron como un motivo suficiente de presentación judicial, al menos de carácter aclaratorio, para conocer si es la postura que representa a las máximas autoridades de Salud.
De hecho, puntualmente los gremios -que ya vienen siendo afectados por lo que definen como “una persecución”, no exenta de allanamientos e intervenciones-, vienen recorriendo ese camino, mientras paralelamente buscan dialogar con “los interlocutores válidos del oficialismo” –tarea extremadamente compleja según expresan en su gran mayoría-, a efectos de poder demostrar la buena administración que vienen llevando de la entidad y ofreciendo la documentación requerida en caso de alguna situación cuestionada en el procedimiento.
Se sabe paralelamente, que hay algunas entidades que pueden presentar anomalías, pero no es el caso de la gran mayoría. Y por eso crece la solicitud de generar una postura conjunta de todos los sindicatos que conviven en la Confederación General del Trabajo. Algo que varias organizaciones critican, porque esa definición se ha venido demorando demasiado tiempo.
En este sentido, también los sindicatos de mayor caudal de afiliados ven en este último accionar del gobierno libertario una actitud voraz, incluso carente de sustento jurídico y desconocedora de lo que realmente implica brindarle salud a millones de trabajadores, con aportes que en la gran mayoría de los casos distan mucho de los que reciben las empresas de medicina prepaga, más aún en un contexto donde el poder adquisitivo de los salarios viene sufriendo un proceso de reducción, con disminución de los puestos de empleo en muchas de las actividades productivas.
Paralelamente, se cuestiona la modalidad que establece el decreto, donde se exige que en un máximo de sesenta días los trabajadores deban ratificar su pertenencia a la presente cobertura de salud, algo que por cierto implica una campaña muy fuerte de concientización extremadamente difícil de lograr de manera eficiente en un lapso tan acotado.
En verdad también hay coincidencia en diferenciar el actual proceso al vivido en la época de Carlos Menem, donde si bien se puso en marcha una desregulación de las obras sociales -incluso Cavallo fue el ideólogo de manejar financieramente la recaudación desde el Estado, para luego “repartir” los recursos-, el “Turco” intentó que todas formaran parte de esa readecuación, incluso dándole participación a muchos de los sindicatos que se oponían fuertemente a las medidas que instrumentaba el gobierno de esos años.
En cambio, el mecanismo que se pretende instrumentar ahora, no termina de despertar la confianza necesaria, ni siquiera de aquellos dirigentes que se muestran predispuestos a no cortar la posibilidad de seguir dialogando con varios de los referentes del actual Poder Ejecutivo.
En una de las últimas reuniones realizadas con amplia presencia del Consejo Directivo en la sede de Azopardo, que por cierto dista de mucho tiempo atrás, cuando se planteó la discusión de las Obras Sociales, se volvió a hacer hincapié en la necesidad de mantener su matriz solidaria, porque además muchas se encuentran en dificultosos procesos de sostenimiento y financiación. Sin embargo, se espera que esto no implique que algunas absorban a otras, sino que todas puedan seguir cumpliendo con el rol para el cual fueron creadas, en la tarea de brindarle la mejor salud a los trabajadores que representan.
