El ANMAR confía en que el nuevo gobierno reconozca el sindicato de las trabajadoras sexuales

El Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR) creado en 1995 ante la necesidad de frenar la violencia policial, se ilusiona, luego de varias décadas de insistencia, con que el gobierno de Alberto Fernández reconozca este rubro ya que «eso formalizaría unos 60 mil puestos de trabajo».

En ese sentido, la titular del gremio de las meretrices, Georgina Orellana, que arrastra el viejo reclamo, remarcó además como un dato destacado que en los últimos años «una gran cantidad de chicas de clase media, alta, con estudios secundarios y hasta universitarios» se volcó hacia el trabajo sexual para engrosar sus «ingresos económicos» y que  lo hacen principalmente a través de plataformas virtuales para «no exponerse a esa violencia policial o a negociar con ella», aseguró.

Este incremento, según el gremio tiene que ver también en parte con “la autonomía de los horarios” y por otra parte con “la variedad de precios de los que se dispone a la hora de brindar el servicio», que se modifica según modalidad, horario, barrio, entre otras cosas.

Por otro lado, señaló también que la tendencia que más crece es la del ejercicio de la prostitución en departamentos privados en detrimento de los espacios públicos, cada vez menos utilizados por cuestiones de exposición y de seguridad.

Esto tiene que ver en gran parte con la nueva publicidad digital y el servicio ofrecido a través de las redes sociales, las más conocidas como Facebook o Instagram o algunas más específicas como puede ser Tinder u otras.

Sin embargo, precisó Orellano, muchas de esas chicas de clase media y alta no están exentas de sufrir otro tipo de problemas por su condición de trabajadoras sexuales, ya que «sufren robo de datos y fotos, acoso virtual», detalló la líder de AMMAR al reclamar a las autoridades la regularización de la actividad.

En este contexto, Orellano exige dejar de lado los “prejuicios morales” y que se avance en una Ley de Trabajo Sexual Autónomo con el fin de ejercer la actividad con un amparo legal y con derechos laborales que podrían ingresar al sistema formal a “unas 60 mil trabajadoras».

A lo largo y a lo ancho del país, el tema recibe distinto tratamiento, a su vez que hay avances y retrocesos. En Mendoza, hubo logros destacados el pasado mes de noviembre que intentan contagiar al resto de los distritos.

La pretensión, incluye retomar una iniciativa, que ya tuvo su ingreso al Congreso en 2013 pero que se diluyó rápidamente. Allí se proponía crear un registro dependiente del Ministerio de Trabajo en el que se inscriban las mujeres que se dediquen voluntariamente al trabajo sexual.

Contemplaba  además la habilitación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas, el otorgamiento de becas y la creación de la categoría «Trabajo Sexual» en el Monotributo para habilitar el acceso a obra social, aportes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros derechos.

En ese sentido, si bien falta mucho camino por recorrer, AMMAR hizo un gran trabajo de sensibilización dentro del feminismo, el sindicalismo y otros espacios, por lo que espera, los resultados puedan ser distintos.

Es por ello que se viene realizando un fuerte trabajo gremial de conscientización y cuidado con charlas y talleres, antecedente que esperan sea reconocido por el actual gobierno para avanzar en la legalización de la actividad que tendría correlato directo con una mayor inclusión y adquisición de derechos.